Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y Gabriel Mª de Diego Quevedo, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, han firmado este jueves un convenio de colaboración para la detección y protección de situaciones de vulnerabilidad en el marco de los lanzamientos efectuados en procedimientos hipotecarios y de desahucio por impago de rentas.
Para Higueras la vivienda es un derecho social, haciendo hincapié en que «las situaciones de desahucio hay que combatirlas antes de que se produzcan, actuando dentro del marco legal, y con la puesta en marcha de todos los recursos que puedan paliar la situación en la que se encuentran muchas familias madrileñas. En esa línea va este convenio de cooperación, para poder actuar con antelación y premura, aplicando medidas de protección ante situaciones de vulnerabilidad».
La delegada ha afirmado a la salida de la firma del convenio la importancia de este acuerdo que permitirá «la posibilidad de buscar una mejor solución y proporcionará a las familias una mayor tranquilidad porque – según sus palabras- se van a conseguir mejores alternativas a los lanzamientos efectuados en procedimientos hipotecarios y de desahucio”.
Para De Diego Quevedo, “este convenio forma parte de la colaboración bilateral que el Colegio de Procuradores de Madrid ha puesto en marcha con el Ayuntamiento de la capital para reforzar la comunicación y el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos madrileños.”
El fin es la coordinación entre ambas instituciones para posibilitar que los procuradores, en aquellos casos en los que sean conocedores de situaciones de vulnerabilidad, en el seno de un procedimiento de desahucio o ejecución hipotecaria en el curso del cual se encuentre pendiente de diligencia de lanzamiento, dispongan de un cauce permanente para la transmisión al Ayuntamiento de Madrid de la información necesaria sobre las familias o personas que sufren esa situación, siempre que los afectados den su consentimiento.
Así, se facilita la intervención del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para estudiar cada caso y ofrecer alternativas que palien la situación de los afectados. En este sentido, se prestará asistencia a las personas o familias susceptibles de verse afectadas por un lanzamiento ofreciendo una serie de recursos como alternativas habitacionales o ayudas de emergencia, orientación y asesoramiento.
Comisión de seguimiento
Para garantizar la adecuada coordinación entre ambas instituciones se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada institución. Dicha comisión será la encargada de analizar los resultados de cada caso mediante la reunión ordinaria que tendrá lugar una vez por semestre. De esta manera se pretende crear un mecanismo útil y efectivo que consiga dar respuesta a los afectados por los procedimientos hipotecarios y de desahucio por impago de rentas.
