El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para la inclusión de medidas en materia de regeneración democrática y lo ha remitido a la Asamblea para su aprobación. Con la adopción de estas medidas, la Comunidad de Madrid se quiere convertir en un referente en la mejora de los mecanismos democráticos y de buen gobierno.
La reforma, que busca acercar los representantes políticos a los ciudadanos y eliminar ciertas prerrogativas de los cargos públicos que son percibidas como un privilegio, deberá ser aprobada en la Cámara regional por mayoría cualificada de dos tercios y, posteriormente, por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
El proyecto de Ley suprime el aforamiento, tanto para los diputados regionales como para los miembros del Gobierno de la Comunidad. De esta manera, las responsabilidades penales a las que deban hacer frente serán exigibles ante el juez que corresponda según las normas generales de determinación de la competencia.
Suprimir privilegios
El aforamiento ha sido reiteradamente avalado por parte del Tribunal Constitucional como un instrumento para preservar la independencia y evitar potenciales presiones externas frente a determinados cargos políticos o institucionales. Sin embargo, esta prerrogativa debe tener un carácter excepcional, por lo que supone de alteración de las reglas generales de atribución de competencia a los órganos judiciales. En caso contrario, puede ser vista como un privilegio y como una muestra de desconfianza hacia la imparcialidad del juez ordinario predeterminado por la ley. Asimismo, para el propio encausado el aforamiento implica una restricción del régimen de recursos de las resoluciones judiciales.
Por estas razones, y en línea con lo que ya ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, en el proyecto de Ley se ha decidido suprimir los aforamientos de los representantes políticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Otro de los cambios que incluye la norma es la limitación de mandatos para los miembros del Ejecutivo regional, algo que ya han hecho otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o Extremadura. Así, no podrá ser elegido presidente de la Comunidad de Madrid quien ya hubiera desempeñado este cargo durante, al menos, ocho años, sean o no consecutivos. Esta limitación se aplica también para los nombramientos de vicepresidentes o consejeros del Gobierno de la Comunidad.
Con esta modificación se quiere evitar el riesgo de perpetuación de los cargos públicos en estas responsabilidades y el peligro que ello lleva aparejado: corrupción, búsqueda exclusiva de su propia reelección electoral, no solucionar los problemas reales de los ciudadanos, etc.
