La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba el convenio con la Comunidad para llevar a cabo una medida de la que se beneficiarán más de 8.500 niñas y niños
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado destinar tres millones de euros como aportación municipal a las ayudas económicas para garantizar que todas las niñas y niños, en situación de vulnerabilidad social y matriculados en centros docentes públicos y concertados, puedan beneficiarse del servicio de comedor escolar.
La aportación se regula mediante un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, aprobado también hoy (jueves, 12 de mayo). Con estos fondos, que se transferirán a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento complementa la aportación del Gobierno regional y asume para cada alumno el importe del precio reducido del menú. El fin es evitar que ningún menor pueda quedar excluido del servicio por no disponer de recursos para abonar la parte que aportan las familias. El convenio tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre.
Las previsiones municipales cifran en torno a 8.500 el número de escolares beneficiarios de esta medida, residentes en los 21 distritos de la ciudad. Por el número de solicitudes, Latina, con más de mil cien, lidera la lista, seguido por Usera, que también supera las mil y Puente de Vallecas y Carabanchel con cifras próximas al millar.
Los fondos son con cargo al presupuesto de la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud, encuadrada dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Los alumnos beneficiarios de esta iniciativa cumplen dos requisitos. En primer lugar, tener concedido el precio reducido del comedor escolar tras la preceptiva valoración de la Comunidad de Madrid. Y en segundo término, estar también incluidos en el Programa Municipal de Alimentación Infantil del Ayuntamiento de Madrid, en base a la valoración de vulnerabilidad realizada por los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Las ayudas encierran un doble objetivo. Por un lado, sirven para garantizar la cobertura de alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y por otro, son también una herramienta de carácter preventivo del absentismo escolar y de detección de otras necesidades o recursos que se pueden proporcionar a través de los servicios sociales de Atención Primaria.
Con el convenio aprobado hoy, no sólo se fija cuánto y a quién van destinadas, sino que también se establece un nuevo modelo de gestión que entraña una tramitación mucho menos burocrática y sí más ágil y eficaz.
