CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, una vez conocidas las primeras cifras de impacto en los centros de trabajo, estima que aproximadamente el 10% de los trabajadores de empresas privadas han secundado la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios a petición del Sindicato de Inquilinas.
«Bajo la coartada del encarecimiento de la vivienda, fruto de uno de tantos problemas complejos sin atajar durante la Legislatura, los sindicatos y el Gobierno han pretendido poner el foco en las empresas, que también sufren la escalada de precios, las dificultades para encontrar locales asequibles y las complicaciones para hacer frente a la financiación», denuncian los empresarios madrileños.
Los Empresarios de Madrid destacan el «comportamiento ejemplar de empresas y trabajadores, que no están permitiendo que se configure un escenario de clima incívico en las calles en medio de un proceso electoral». Asimismo, CEIM lamenta los «incidentes violentos en empresas concretas que, aunque escasos, reflejan que los discursos incendiarios, específicamente contra el sector inmobiliario, tienen su plasmación en ataques injustificables a su patrimonio y actividad empresarial».
De cara a la manifestación de la tarde, los Empresarios de Madrid recomiendan «máxima prudencia a los comercios cercanos al itinerario previsto, principalmente a los locales dedicados a la transacción inmobiliaria, puesto que grupos ajenos a los sindicatos mayoritarios podrían emprender actuaciones no deseables para la convivencia y el mantenimiento del orden público».
CEIM ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Ayuntamientos «su esfuerzo por velar por el pacífico desarrollo de la convocatoria, el respeto al derecho al trabajo y la libertad de empresa, así como la protección de la propiedad privada y de la integridad de locales y personas».
«Esta errática convocatoria política pone de manifiesto que los sindicatos están utilizando a los trabajadores para servir a los intereses electorales del Gobierno», subrayan. Y, al contrario, los empresarios madrileños señalan que «el daño que se pretendía infligir a las empresas y a la productividad ha sido percibido como injusto, innecesario e ilegítimo por la sociedad».
Sin embargo, concluyen, «la imagen de nuestro país para invertir en un clima de seguridad jurídica vuelve a recibir un impacto negativo, incluso por parte de miembros del Gobierno, que tendrá consecuencias en forma de reticencias para aumentar plantillas o emprender nuevas actividades empresariales».
