Agentes de la Policía Nacional, en un operativo coordinado con la Policía Municipal de Madrid, han intervenido durante esta madrugada de martes, 3 de noviembre, para llevar a cabo el desalojo y desmantelamiento definitivo del asentamiento instalado en la Puerta del Sol. En total ha habido 334 desalojados y 2 detenidos por desobediencia. La actuación, iniciada sobre las 04:00 horas, pone fin a más de cuatro semanas de permanencia de las tiendas y lonas en el céntrico enclave madrileño, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid a través de una nota oficial.
El espacio reivindicativo, surgido a finales de septiembre para exigir avances en el derecho a la vivienda, había experimentado una transformación profunda en su composición respecto a sus orígenes. La intervención policial se ejecutó pocas horas después de que los grupos organizadores anunciaran la disolución de las comisiones y la recogida de la protesta, si bien un núcleo de personas en situación de exclusión y sin hogar decidió mantener la acampada y resistir en la plaza.
Una intervención gradual amparada en el derecho de reunión
Desde la representación del Ejecutivo central en la región se sostiene que el desalojo nocturno constituye el punto final de una estrategia progresiva iniciada el 26 de septiembre. La institución fundamenta que durante este periodo su prioridad radicó en ponderar el libre ejercicio de los derechos fundamentales con la protección de los transeúntes, los bienes públicos y la restitución del tránsito habitual en la Puerta del Sol, recurriendo al desalojo únicamente como última alternativa.
A este respecto, los dictámenes de los servicios jurídicos del organismo determinaron que la ocupación inicial se encuadraba dentro de la protección constitucional al derecho de reunión, al tratarse de un colectivo estructurado con una meta reivindicativa orientada a trasladar sus demandas a las administraciones y a la sociedad. Por ello, se encomendó a la Jefatura Superior de Policía garantizar que el desarrollo de la estancia transcurriera sin alteración del orden.
Evolución del conflicto y requerimientos de desalojo
La institución ha hecho balance de la gestión llevada a cabo por el anterior delegado, Francisco Martín Aguirre, bajo cuyo mandato se establecieron contactos primero con el Sindicato de Inquilinas y, posteriormente, con los portavoces que asumieron la gestión del espacio. Martín Aguirre remitió un escrito previo a la finalización de su etapa directiva en el que advertía de que el plazo para visibilizar las demandas había concluido y constataba una mutación en el perfil de los acampados.
En dicha comunicación oficial se dejaba constancia de la retirada progresiva de las entidades convocantes y de la presencia mayoritaria de colectivos vulnerables y personas sin alternativa habitacional, lo que diluía el propósito reivindicativo original. Bajo estas circunstancias, se advirtió a las partes de que la administración se encontraba legitimada para acordar la clausura del campamento.
Ante la ausencia de respuesta, la Delegación del Gobierno —encabezada por Pilar Trinidad— remitió una segunda notificación el 29 de octubre exigiendo la evacuación y retirada inmediata de la estructura. Al día siguiente, 30 de octubre, los representantes del colectivo notificaron formalmente la disolución de la red de comisiones de trabajo y dieron por cerrada la acción de protesta.
Motivaciones del desalojo y denuncias del colectivo
Pese a la disolución formal de la plataforma, un grupo reducido de acampados permaneció en el recinto y rechazó desalojarlo voluntariamente. Ante esta situación, la Jefatura Superior de Policía dio traslado de la comisión de presuntos ilícitos penales y de diversos altercados registrados en el perímetro del campamento, los cuales habrían afectado tanto a residentes de las tiendas como a peatones y a las fuerzas de seguridad, precipitando la decisión de intervenir como medida extrema.
Por su parte, los portavoces del colectivo Acampada 26S han rechazado la versión oficial y han calificado el despliegue de «intervención policial violenta». A través de publicaciones en sus canales oficiales, han denunciado que las unidades antidisturbios hicieron uso de gas pimienta y contención física, provocando contusiones y lesiones a varios de los presentes.
La organización ha comunicado que se encuentra recabando datos para comprobar el estado de salud de todos los integrantes del colectivo, compartiendo material audiovisual en el que se observa el repliegue y traslado de manifestantes escoltados por agentes fuera de la plaza.
