La Comunidad de Madrid presentará una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín Aguirre. La acción judicial le atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos, al no haber actuado ni ejecutado el desalojo de la acampada instalada en la céntrica Puerta del Sol de la capital.
Según sostiene el Ejecutivo autonómico, la inacción administrativa habría permitido la comisión continuada de diversos ilícitos penales en el entorno del asentamiento. En concreto, la denuncia formalizada por la administración regional hace referencia a presuntos delitos de agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio, así como amenazas e injurias dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Dimisión reciente
Esta ofensiva judicial se produce tras la reciente renuncia de Francisco Martín Aguirre a su cargo como representante del Gobierno central en la región, presentada este pasado domingo. Su salida de la Delegación del Gobierno aconteció apenas una semana después de haber quedado excluido de las candidaturas del PSOE de cara a los comicios generales fijados para el próximo 29 de noviembre, cerrando una etapa marcada por el desgaste institucional.
Nacido en Madrid en 1981 e ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, Martín cuenta con un extenso recorrido en la administración y el aparato orgánico socialista. Previamente a su nombramiento como delegado en marzo de 2023, asumió responsabilidades de alta dirección en el Complejo de la Moncloa como secretario general de la Presidencia del Gobierno y director de planificación, además de coordinar la cumbre de la OTAN celebrada en la capital en 2022 y liderar la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias socialistas de 2017. Asimismo, su trayectoria al frente de la institución incluyó su imputación judicial en 2025 en el marco del procedimiento sobre Begoña Gómez, causa que fue finalmente archivada por la Audiencia Provincial al determinarse que se sustentaba en meras conjeturas.
Frentes abiertos en la gestión de la Delegación del Gobierno
La actuación respecto a la acampada de la Puerta del Sol se convirtió en uno de los principales puntos de fricción institucional de su mandato. Frente a las demandas de desalojo inmediato planteadas de forma reiterada tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por el Gobierno autonómico, Martín defendió la legalidad de la estancia y la vigencia del derecho de reunión.
A este conflicto con las administraciones madrileñas se sumó el enfrentamiento directo con las organizaciones sindicales de la Policía Nacional. Sindicatos representativos como Jupol y la Confederación Española de Policía (CEP) llegaron a exigir públicamente su dimisión inmediata tras cuestionar las intervenciones y la proporcionalidad de las cargas policiales desplegadas durante las protestas estudiantiles de la huelga educativa en el entorno del campus de Ciudad Universitaria.
