El Grupo Municipal Más Madrid elevará al Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, convocado para este martes 27 de octubre, una proposición de calado político y administrativo para instar a la disolución de la mercantil mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. y reclamar que todo su complejo deportivo en la Casa de Campo se adscriba a la red de gestión directa municipal.
La iniciativa, que ha sido presentada por la concejala María Pilar Sánchez Álvarez y cuenta con el respaldo de la portavoz de la formación, Rita Maestre, pone el foco en la vigencia jurídica del título que habilita el funcionamiento de la sociedad. Según los antecedentes expuestos en la propuesta y las certificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno, el Ayuntamiento aprobó el 30 de enero de 1991 una ampliación del plazo de gestión que fijaba la fecha de caducidad de la concesión el pasado 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, desde la formación municipalista denuncian que no consta en los registros oficiales ningún acuerdo posterior adoptado por el Pleno que avalara una prórroga de esta concesión hasta el año 2034, tal y como sostienen los órganos rectores de la entidad.
Desde el punto de vista legal, Más Madrid recuerda que, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia exclusiva para determinar las formas de gestión de los servicios públicos recae de manera improrrogable en el Pleno de los ayuntamientos de gran población. Por consiguiente, defienden que si el plazo de duración expiró el 31 de diciembre de 2025 sin el preceptivo acuerdo plenario legitimador, cualquier maniobra posterior de prórroga adoptada desde los órganos de gobierno de la sociedad carecería por completo de validez jurídica.
Una anomalía institucional y un modelo de acceso restringido
Más allá de la controversia jurídica sobre los plazos, la propuesta de la oposición incide en lo que califica como una profunda anomalía institucional y presupuestaria. La iniciativa denuncia que el Ayuntamiento de Madrid continúa destinando importantes recursos económicos, subvenciones y aportaciones públicas procedentes del erario para financiar la actividad de la entidad, mientras que el complejo mantiene un modelo de acceso extraordinariamente elitista y cerrado para la inmensa mayoría de la ciudadanía madrileña, cuyas listas de espera y barreras de entrada apenas se han modificado por el crecimiento vegetativo de la sociedad.
Ante este escenario, la proposición articulada para el debate plenario plantea dos mandatos muy claros al equipo de gobierno municipal. En primer lugar, se solicita que se faculte formalmente a los representantes del Ayuntamiento en la Junta General de Accionistas del Club de Campo para promover y votar a favor de la disolución de la sociedad mercantil al concurrir causa legal por la finalización del plazo fijado.
En segundo lugar, se exige la puesta en marcha inmediata de los expedientes administrativos necesarios para implantar un modelo de gestión directa de las instalaciones, convirtiendo el recinto en un Centro Deportivo Municipal plenamente integrado y dependiente del Área Delegada de Deporte.
