Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer de la Comunidad de Madrid registraron durante el segundo trimestre de este año 9.988 denuncias y atendieron a un total de 8.818 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 24,9 % y del 25,8 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025. Trece de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.
El “Informe trimestral sobre violencia de género”, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año ha aumentado en relación al trimestre precedente de referencia. Así, las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones en funciones de guardia de los Tribunales de Instancia registraron 1.636 solicitudes (un 6,8 % más) y acordaron 772 órdenes de protección (un 11,2 % más). El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas ha sido del 47,18 por ciento, 1,88 puntos porcentuales más alto que en el segundo trimestre de 2025.
En cuanto al número de sentencias dictadas por las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, así como por las audiencias provinciales, ascendió a 1.357, de las que el 85,8 % fueron condenatorias.
Más denuncias y más víctimas
Durante el segundo trimestre de 2026, las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia de la región recibieron un total de 9.988 denuncias, un 24,9 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 7.996 denuncias. El número de mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias fue de 8.818, un 25,8 % más alto que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 7.011.
Un trimestre más, una de cada dos víctimas (el 56 %) tiene nacionalidad española, mientras que el 43,98 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de dieciocho, tres veces más que en el periodo precedente, cuando las menores víctimas contabilizadas fueron cinco.
Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante volvieron a mostrar que la mayor parte de las denuncias (7.778, el 78 % del total) fueron presentadas por la propia víctima bien ante el órgano judicial bien en comisaría.
Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (90), que disminuyeron con respecto al segundo trimestre de 2025 al pasar del 1,30 % del total al 0,90 por ciento. Entre marzo y junio de 2026 las derivadas directamente de atestados policiales (1.437) representaron el 14,38 % del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 456 (4,56 por ciento) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 227 y representaron el 2,27 % del total.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.
Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.
Trece de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor
El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 1.146, lo que supone que tomaron esta decisión trece de cada cien víctimas de violencia de género, un número prácticamente igual al del mismo trimestre de 2025, cuando fueron el 12,66 por ciento. De ellas, 548 eran españolas y 598 tenían otras nacionalidades.
Se adoptó el 50 % de las órdenes de protección solicitadas
Los datos relativos a las órdenes de protección mostraron una leve diferencia con los del segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales de la Comunidad un total de 1.636 órdenes de protección, un 6,8 % más que hace un año. De ellas, 1.592 fueron incoadas por las secciones de violencia sobre la mujer y 44 por las secciones en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 772, un 11,2 % más que hace un año, lo que significa que se concedieron casi una de cada dos. Las secciones de violencia sobre la mujer adoptaron 729, el 47,18 % de las solicitudes que recibieron, mientras que las secciones de guardia acordaron 43, el 45 % de las solicitudes que registraron.
En el 48,6 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Cinco de cada diez mujeres (833, el 50,9 %) que pidieron protección eran españolas y 803 procedían de otros países. De ellas, cuatro, contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.730 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (636) y las de prohibición de comunicación (608), que representaron el 36,76 % y el 35,14 % sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.
Asimismo, dictaron 622 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (171) y la suspensión del régimen de visitas (136). Entre marzo y junio también se acordaron 151 medidas civiles de atribución de la vivienda; 72 suspensiones de la guarda y custodia y 26 medidas de suspensión de la patria potestad.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su preocupación ante los datos estadísticos del trimestre analizado, ya que detrás de las cifras hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los órganos judiciales con competencias en esta materia han recibido un 9,81 % más denuncias que hace un año y han atendido a un 7,64 % más mujeres en el segundo trimestre de 2025.
Para Esther Rojo se trata de una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal.
No solo se deben mantener y aprovechar todos los servicios y herramientas de las que nos hemos ido dotando en las últimas décadas, sino que es necesario dedicar más recursos humanos y materiales a una materia que, pese a los enormes avances logrados, sigue siendo una asignatura pendiente.
En opinión de la presidenta del Observatorio, esa es la realidad que muestran las estadísticas de los órganos judiciales, a la que lamentablemente deben añadirse toda la violencia contra las mujeres que permanece oculta, todas esas mujeres víctimas que guardan silencio, y las más de cuarenta víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha, un número inasumible de vidas y familias rotas por la violencia de género.
Por eso, una vez más, la presidenta del Observatorio quiere transmitir a todas las mujeres que estén siendo víctimas de esta violencia que den el paso y denuncien, que pidan ayuda a su entorno o a las administraciones, porque solo así podrán iniciar el camino hacia la vida que merecen vivir, aunque sea un camino duro y difícil de recorrer.
Rojo ha querido también reiterar su petición a toda la sociedad, y en especial al entorno familiar, laboral y social de la mujer, al personal sanitario y al profesorado, para que estemos alerta ante estos casos, pues una denuncia a tiempo puede salvar una vida. Y ha querido trasladar su reconocimiento a la labor de los órganos judiciales y resto de instituciones implicadas en esta materia.
