El Comité de Huelga de la educación pública madrileña y diversos sindicatos, organizaciones estudiantiles y colectivos sociales que respaldan la actual huelga indefinida han difundido un comunicado conjunto en el que denuncian las actuaciones policiales registradas durante las movilizaciones celebradas este lunes y reclaman a la Comunidad de Madrid la apertura inmediata de un proceso de negociación sobre las reivindicaciones planteadas por el profesorado.
En el texto, firmado por las organizaciones que apoyan la convocatoria, los promotores de la protesta aseguran que varios docentes resultaron heridos durante lo que califican como «cargas policiales violentas y desproporcionadas» ocurridas en el marco de las movilizaciones desarrolladas en la capital.
El Comité de Huelga expresa su solidaridad con las personas que, según sostiene, resultaron afectadas durante estas actuaciones y considera que la respuesta policial no debería sustituir al diálogo entre la Administración educativa y los representantes de los trabajadores.
Asimismo, los firmantes vinculan la situación actual a la ausencia de una negociación directa con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. En el comunicado afirman que la consejera regional, Mercedes Zarzalejo, no ha abierto hasta el momento una mesa de negociación con el comité constituido para gestionar el conflicto.
Petición de investigación a la Delegación del Gobierno
Entre sus demandas, el Comité de Huelga solicita a la Delegación del Gobierno en Madrid que esclarezca lo ocurrido durante las intervenciones policiales y que determine las posibles responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
Los convocantes sostienen que actuaciones similares ya se produjeron durante jornadas anteriores de movilización y afirman que existen imágenes que, a su juicio, reflejan lo ocurrido durante las protestas.
El comunicado también rechaza las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la huelga educativa. Los firmantes consideran que dichas manifestaciones contienen afirmaciones que, según su versión, no se corresponden con la realidad de las movilizaciones y aseguran que la convocatoria fue acordada en una asamblea celebrada meses atrás y respaldada posteriormente por distintas organizaciones sindicales y sociales.
Defensa de la huelga y de las reivindicaciones educativas
Las entidades convocantes insisten en que las protestas se están desarrollando de forma pacífica y rechazan que se asocie al profesorado movilizado con comportamientos violentos.
Según exponen en el comunicado, la huelga indefinida es consecuencia de años de reclamaciones relacionadas con las condiciones de trabajo en la educación pública madrileña y con la dotación de recursos en los centros educativos.
El Comité sostiene que los docentes han llegado a una «situación límite» tras años de reivindicaciones sin que, a su juicio, se hayan producido respuestas suficientes por parte de la Administración autonómica.
Además, recuerda que la convocatoria de una huelga indefinida supone un importante coste económico y personal para el profesorado, por lo que considera que se trata de una medida adoptada tras agotar otras vías de protesta y negociación.
Referencia al deber legal de negociar
En el comunicado también se alude al artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo, que establece la obligación de mantener negociaciones durante el desarrollo de una huelga.
Los firmantes argumentan que la Administración educativa debería abrir una vía de diálogo para abordar las demandas planteadas por los trabajadores y subrayan que la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para la escuela pública corresponde a la Consejería de Educación.
Entre las cuestiones que, según los convocantes, requieren una respuesta por parte del Gobierno regional figuran las condiciones laborales del profesorado, la dotación de medios para los centros educativos y las medidas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza pública.
Reclamación de una reunión urgente
El Comité de Huelga concluye exigiendo que la Consejería de Educación reconozca formalmente a este órgano como interlocutor válido dentro del conflicto y convoque de manera inmediata una reunión para abordar la plataforma reivindicativa presentada por los convocantes.
Las organizaciones firmantes aseguran que mantienen su disposición a negociar y sostienen que la desconvocatoria de la huelga pasa por la apertura de un proceso de diálogo que desemboque en acuerdos concretos sobre las demandas planteadas por el sector educativo.
El comunicado finaliza señalando que la educación pública constituye una responsabilidad compartida por toda la sociedad y reclamando una respuesta institucional que permita encauzar el conflicto abierto entre la Administración autonómica y los profesionales de la enseñanza pública madrileña.
