CCOO de Madrid ha presentado este viernes, 16 de octubre, su Informe de la Pobreza 2026, un documento en el que analiza la evolución de distintos indicadores sociales y económicos en la Comunidad de Madrid y en el que concluye que la pobreza laboral se ha consolidado como un problema estructural en la región. Según el sindicato, pese a la mejora de algunos indicadores en los últimos años, otros han empeorado, lo que evidencia que disponer de un empleo no garantiza actualmente poder afrontar los gastos esenciales ni desarrollar un proyecto de vida.
La organización sindical sostiene que en Madrid, considerada la región más rica de España, muchas personas trabajadoras continúan teniendo dificultades para cubrir gastos básicos relacionados con la vivienda, la alimentación, la energía o el transporte. Según expone en el informe, tener trabajo no evita en numerosos casos problemas para emanciparse, llegar a fin de mes o planificar el futuro.
A partir de este diagnóstico, CCOO Madrid presenta el informe también como un llamamiento a la movilización social y vincula sus conclusiones a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. El sindicato defiende esta convocatoria como una herramienta para reclamar vivienda asequible, salarios con mayor poder adquisitivo, una reducción del coste de la vida y el acceso universal a servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, los cuidados y el transporte público. Asimismo, vincula la protesta con la defensa de la salud de las personas trabajadoras.
Aumento de la carencia material y social severa
Uno de los aspectos destacados por el informe es el cambio producido desde 2019 en la composición de la pobreza. Según los datos recogidos por CCOO Madrid, ha aumentado especialmente el número de personas que sufren carencia material y social severa, incluso cuando no se encuentran en situación de pobreza por ingresos o residen en hogares con baja intensidad laboral.
Este indicador ha pasado del 3,2% de la población al 5,5%, lo que supone, según el sindicato, unas 175.000 personas más afectadas. Para la organización, esta evolución refleja una extensión de las dificultades materiales más allá de los indicadores tradicionales asociados a la pobreza monetaria o al desempleo.
El informe subraya que la pobreza no se limita a la falta de ingresos, sino que también se manifiesta en problemas para pagar la vivienda, mantener una temperatura adecuada en el hogar, acceder a una alimentación suficiente, participar en actividades de ocio o conservar relaciones sociales estables.
Más de tres millones de personas con dificultades para llegar a fin de mes
Según los datos recogidos por CCOO Madrid, durante 2025 alrededor de tres millones de personas, el 40,6% de la población madrileña, declararon experimentar algún grado de dificultad para llegar a final de mes. El informe añade que 1,1 millones de personas no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada, mientras que otras 904.000 habían sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda.
El sindicato destaca que los problemas vinculados al acceso y mantenimiento de la vivienda afectan a cientos de miles de hogares madrileños y advierte de que, en las situaciones más graves, pueden desembocar en procesos de exclusión residencial y sinhogarismo.
Más de 4.000 personas sin hogar en la Comunidad de Madrid
El documento recoge que en 2022, último ejercicio para el que existen datos disponibles, había 4.146 personas sin hogar en la Comunidad de Madrid, una cifra que representa el 14,5% del total nacional. De acuerdo con los datos citados por el sindicato, el 55,4% de estas personas eran extranjeras y el 83,8% hombres.
Además, el 55,1% identificaba los problemas relacionados con la vivienda como la principal causa de su situación y el 43,2% llevaba más de tres años viviendo en condiciones de sinhogarismo.
Crecen las dificultades para acceder a una alimentación adecuada
Entre los indicadores que el sindicato considera más preocupantes figura el aumento de la población que no puede permitirse consumir carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Según el informe, este porcentaje ha pasado del 2,8% en 2019 al 4,6% en 2025. En términos absolutos, CCOO Madrid cifra esta realidad en unas 325.000 personas.
Infancia, juventud y mujeres, entre los colectivos más afectados
El estudio señala que la infancia, la juventud, las mujeres y las familias monoparentales continúan siendo algunos de los grupos más vulnerables frente a la pobreza y la exclusión social. En el caso de los menores de 16 años, la tasa AROPE alcanzó en 2025 el 24,4%, lo que equivale a unas 280.000 personas, según los datos recogidos en el informe.
CCOO Madrid también destaca la relación existente entre los niveles de renta y la esperanza de vida, señalando que los municipios con menores ingresos registran una menor esperanza de vida que aquellos con niveles de renta más elevados.
Críticas a la protección social de la Comunidad de Madrid
El informe dedica igualmente un apartado al sistema de protección social. El sindicato sostiene que la red de cobertura social autonómica resulta cada vez más insuficiente para atender las necesidades de la población vulnerable. Según los datos aportados, en 2026 la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV), gestionado por la Administración General del Estado, asciende a 733,6 euros mensuales.
Por su parte, la Renta Mínima de Inserción (RMI), gestionada por la Comunidad de Madrid, garantiza una prestación de 469,9 euros mensuales. CCOO Madrid también pone el foco en la evolución del número de beneficiarios de esta ayuda autonómica. Según el sindicato, en los últimos cuatro años el número presupuestado de familias receptoras de la RMI se ha reducido un 97,9%, pasando de 22.000 familias en 2022 a 492 en 2026.
Frente a esta evolución, el informe señala que el Ingreso Mínimo Vital ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido en la región.
A la vista de estos datos, CCOO Madrid concluye que la pobreza laboral y las dificultades materiales continúan afectando a una parte significativa de la población madrileña y reclama medidas orientadas a mejorar los salarios, garantizar el acceso a la vivienda y reforzar los mecanismos de protección social.
