La Asociación Parque Sí en Chamberí ha reclamado que se esclarezcan todas las responsabilidades vinculadas al denominado caso Lezo y ha pedido al Ministerio Fiscal que no aplique la atenuante de dilaciones indebidas a algunos de los acusados. El colectivo considera que la prolongación del procedimiento judicial no debe traducirse en una reducción de las penas ni hacer pasar a un segundo plano los perjuicios que, a su juicio, sufrieron los vecinos del distrito y el conjunto de los madrileños.
El juicio, iniciado el 13 de octubre de 2026, aborda presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del Canal de Isabel II durante las etapas en las que Esperanza Aguirre (PP) presidía la Comunidad de Madrid e Ignacio González ocupó responsabilidades en la entidad pública. La asociación destaca que lleva diez años esperando la celebración de esta vista judicial.
Según expone la organización vecinal, una de las cuestiones centrales del caso para el barrio de Chamberí es la construcción de instalaciones deportivas de golf en los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, donde estaba previsto desarrollar un parque público comprometido con los vecinos en 2002. La entidad sostiene que entre 2007 y 2023 el barrio permaneció sin ese espacio verde y atribuye su recuperación a la movilización vecinal y a diversas actuaciones judiciales.
Rechazo a la atenuante por dilaciones indebidas
La asociación señala que el Ministerio Fiscal aprecia la existencia de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa y que, por ese motivo, propone una rebaja de las penas solicitadas para algunos de los acusados. Frente a esta posición, Parque Sí en Chamberí considera que también debe valorarse el perjuicio social ocasionado durante los años en los que los vecinos no pudieron disponer del espacio público reclamado.
El colectivo recuerda que presentó tres iniciativas judiciales contra Ignacio González: dos denuncias ante la Fiscalía de Madrid, en 2007 y 2009, y una querella criminal en 2010. Según la asociación, las tres fueron archivadas sin que se realizaran investigaciones sobre la documentación aportada. La entidad atribuye estas decisiones al entonces fiscal Manuel Moix y sostiene que, de haberse actuado de otro modo, la evolución posterior del caso habría podido ser diferente.
Por ello, la organización vecinal solicita que el daño ocasionado a los vecinos sea tenido en cuenta y que la atenuante de dilaciones indebidas no beneficie a los acusados.
Cálculo de los costes económicos
Además de la pérdida temporal del espacio verde, la asociación pone el foco en las consecuencias económicas que, según sus cálculos, tuvo el proyecto de golf del Tercer Depósito.
Entre las partidas señaladas por el colectivo figura un sobrecoste de 16 millones de euros en las obras, al haberse incrementado el presupuesto de 42 a 58 millones de euros, según indica a partir de actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
La asociación añade otros conceptos que vincula a la actuación posterior sobre las instalaciones: 300.000 euros destinados a la demolición del campo de golf, 10 millones de euros para la construcción del nuevo parque y 20.000 euros que, asegura, fueron abonados por la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas en procedimientos judiciales relacionados con el conflicto.
De acuerdo con estos cálculos, el coste conjunto ascendería a 26,32 millones de euros. La entidad considera que esta cifra evidencia la necesidad de aclarar las decisiones adoptadas y sus efectos sobre las cuentas públicas.
Preguntas pendientes sobre la concesión
La asociación sostiene que aún existen aspectos económicos sin aclarar relacionados con la explotación de las instalaciones deportivas. Según explica, el Canal de Isabel II no le ha comunicado el importe que habría quedado pendiente de abono por parte de la empresa concesionaria ni el coste de la renovación del césped de los campos de fútbol tras el cierre de las instalaciones.
El colectivo recuerda que la concesión fue adjudicada en 2013 por 4,19 millones de euros y que terminó tras el cierre del golf en 2016, en un contexto marcado por una sentencia favorable a la asociación y por la quiebra y liquidación de la empresa gestora.
Entre las cuestiones que reclama esclarecer figuran el volumen de deuda pendiente, el estado en el que se entregaron las instalaciones y el coste de las posibles reparaciones o sustituciones necesarias tras el fin de la concesión.
Denuncias, repercusión pública y responsabilidades políticas
Parque Sí en Chamberí afirma haber denunciado en tres ocasiones a Ignacio González ante la Fiscalía Anticorrupción y asegura que dichas actuaciones tuvieron repercusión en distintos medios de comunicación.
A partir de ello, la asociación cuestiona las declaraciones de Esperanza Aguirre en las que manifestó desconocer lo sucedido. Asimismo, recomienda el documental De interés general, un barrio por un parque, disponible en la plataforma Filmin, por considerar que refleja el proceso de movilización vecinal llevado a cabo para lograr la recuperación del espacio.
Petición de reconocimiento del daño causado
La asociación sostiene que el procedimiento no debería limitarse al análisis de las posibles responsabilidades penales y reclama que también se reconozca el perjuicio causado al interés general. En este sentido, insiste en que los vecinos de Chamberí estuvieron años sin disponer de un espacio público considerado esencial para el distrito y que los contribuyentes tuvieron que asumir importantes costes económicos.
Por ello, Parque Sí en Chamberí solicita que se esclarezcan los hechos investigados, que se determinen las responsabilidades que correspondan y que se tengan en cuenta las consecuencias sociales y económicas derivadas de la actuación objeto de la causa. Además, pide al Ministerio Fiscal que no aplique la atenuante de dilaciones indebidas y que se garantice el cumplimiento de las eventuales inhabilitaciones que pudieran derivarse de las resoluciones judiciales.
La entidad concluye que la recuperación del parque fue posible gracias a la movilización vecinal y defiende que las consecuencias de la gestión investigada no deben quedar sin esclarecer ni caer en el olvido.
Foto: FRAVM.
