El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha remitido una carta a la Delegación del Gobierno en Madrid en la que solicita información sobre la «eventual presencia de colectivos radicales» en la acampada instalada en la Puerta del Sol por la precariedad en vivienda y reclama que se proceda al levantamiento de esta instalación.
En el escrito, firmado por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y dirigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el Ejecutivo regional señala haber tenido conocimiento, a través de informaciones públicas y comunicaciones recibidas por la Consejería, de la «posible presencia y participación en la acampada de personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras entidades calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales».
La carta indica que, al margen de las valoraciones políticas o ideológicas que puedan suscitar estos hechos, el Gobierno autonómico considera necesario expresar su preocupación ante cualquier circunstancia que «pudiera suponer un riesgo para la seguridad ciudadana, la protección de las instituciones democráticas o el normal funcionamiento de los servicios públicos».
Asimismo, el consejero recuerda que la Puerta del Sol alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y destaca su relevancia institucional, al tratarse de un espacio por el que transitan diariamente autoridades, empleados públicos y miles de ciudadanos. En este contexto, sostiene que la eventual presencia de personas o colectivos «relacionados con organizaciones extremistas o radicales requeriría una atención específica por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
El escrito también manifiesta preocupación por las «condiciones de seguridad y evacuación en caso de emergencia tanto en los edificios situados en la Puerta del Sol como en el entorno de la estación de Metro», al considerar que la zona «se encuentra rodeada de obstáculos derivados de la instalación del campamento».
En la carta, la Comunidad de Madrid recuerda que corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, dirigir y coordinar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. Por ello, solicita que se informe sobre la valoración realizada por los servicios competentes y sobre las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas para garantizar la seguridad de la sede de la Presidencia regional, de sus trabajadores y de las personas que acceden diariamente a este entorno.
Además, el Ejecutivo autonómico pide que se adopten las medidas oportunas para levantar la acampada, al considerar que su instalación y permanencia en este enclave «están dañando el patrimonio y comprometen su adecuada conservación».
Por el momento, la Delegación del Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido de esta solicitud.
Foto: Sindicato de Inquilinas de Madrid.
