El desalojo previsto este jueves de una familia que reside desde hace más de una década en un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas ha sido suspendido nuevamente. Se trata del segundo aplazamiento del procedimiento, después de que un primer intento de lanzamiento, fijado para el pasado 28 de septiembre, tampoco llegara a ejecutarse.
La actuación judicial estaba programada para las 9.30 horas en un inmueble situado en el número 14 de la calle Lenceros. Desde primeras horas de la mañana, varias decenas de personas se concentraron frente al edificio para mostrar su apoyo a la familia afectada e intentar impedir la ejecución del desahucio. Según el Sindicato de San Blas-Canillejas, entre 70 y 100 personas participaron en la movilización.
La familia está formada por Tamara, su esposo, que padece una enfermedad cardíaca, y sus tres hijos. Uno de los menores tiene reconocido un grado II de dependencia y discapacidad, mientras que otra de las hijas sufre epilepsia y se encuentra pendiente de una valoración oficial para determinar su grado de discapacidad.
Durante la protesta, los asistentes corearon consignas de apoyo a la familia. Parte de los concentrados procedían de la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol. Tras retirarse del lugar los efectivos de la Policía Nacional, el lanzamiento quedó suspendido sin que se fijara una nueva fecha de ejecución. Desde el Sindicato de San Blas-Canillejas señalaron posteriormente que el nuevo señalamiento será comunicado más adelante.
La paralización del procedimiento se produce un día después de conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal, de 87 años, conocida por su implicación en la defensa del derecho a la vivienda tras haber sido desalojada de su domicilio en el distrito de Retiro, donde había residido durante más de setenta años.
Los colectivos que acompañan a la familia sostienen que no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional pese a la situación de vulnerabilidad que presentan sus integrantes.
La Comunidad de Madrid defiende la actuación judicial
Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso insisten en que el inmueble afectado no tiene la consideración legal de vivienda, sino de local perteneciente a la Agencia de Vivienda Social. El Ejecutivo autonómico sostiene que el espacio fue ocupado de forma ilegal y que, al no estar autorizado para uso residencial, no puede destinarse legalmente a vivienda. Fuentes regionales explican que el procedimiento se tramita por la vía contencioso-administrativa y señalan que la situación no se encuentra amparada por las medidas estatales aprobadas en materia de vivienda.
La Comunidad asegura además que, como ocurre habitualmente en estos casos, la Agencia de Vivienda Social comunicó con antelación la situación a los servicios sociales municipales para que pudieran analizar las circunstancias de la familia y activar, en su caso, las respuestas asistenciales o alternativas habitacionales que considerasen oportunas. Según indican, estos servicios habían sido convocados para intervenir el día previsto para el desalojo.
El Gobierno regional también destaca la coordinación existente entre la AVS y los ayuntamientos de la región para atender situaciones de necesidad social. En este sentido, recuerda que, cuando una administración local no dispone de vivienda pública para responder a una emergencia, existen otras fórmulas de apoyo, como la financiación de alojamientos temporales.
Desde la Consejería de Vivienda subrayan que las situaciones de vulnerabilidad requieren una respuesta social, aunque consideran que dicha respuesta no puede equivaler a regularizar la ocupación de inmuebles públicos. Asimismo, sostienen que una medida de ese tipo podría perjudicar a otras personas y familias que cumplen los requisitos establecidos y esperan acceder a una vivienda pública mediante los procedimientos previstos.
Por último, la Comunidad de Madrid reitera que respeta las resoluciones judiciales y defiende que el acceso a la vivienda pública debe producirse conforme a la normativa vigente y en igualdad de condiciones para todos los solicitantes.
Desde primeras horas de la mañana, varias decenas de personas se concentraron frente al inmueble para mostrar su apoyo a la familia. Según el Sindicato de San Blas-Canillejas, participaron entre 70 y 100 personas. Parte de los asistentes procedían de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol.
Finalmente, la actuación judicial no se llevó a cabo. Tras conocerse la suspensión, los concentrados celebraron la paralización del lanzamiento. Se trata del segundo aplazamiento del procedimiento, después de que una primera fecha fijada para el pasado 28 de septiembre tampoco llegara a ejecutarse. Los colectivos que acompañan a la familia aseguran que la nueva fecha será comunicada más adelante.
La suspensión coincide además con un momento de especial sensibilidad en torno al debate sobre la vivienda en Madrid, apenas un día después de conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal, convertida en un símbolo de la lucha contra los desahucios tras perder la vivienda en la que había residido durante décadas en el distrito de Retiro. Las organizaciones que respaldan a la familia sostienen que no se ha ofrecido una alternativa habitacional pese a la situación de vulnerabilidad que, a su juicio, presentan sus integrantes.
Por su parte, la Comunidad de Madrid recuerda que el inmueble afectado no tiene consideración de vivienda, sino de local perteneciente a la Agencia de Vivienda Social. Según fuentes regionales, el espacio carece de autorización para uso residencial y forma parte de un procedimiento judicial por ocupación ilegal tramitado por la vía contencioso-administrativa.
El Ejecutivo autonómico señala asimismo que la AVS informó con antelación a los servicios sociales municipales para que analizaran las circunstancias de la familia y valoraran las posibles respuestas asistenciales disponibles. Además, subraya que mantiene coordinación con los ayuntamientos para atender situaciones de necesidad mediante los recursos sociales existentes, incluyendo alternativas de alojamiento temporal cuando proceda.
Desde la Consejería de Vivienda defienden que las situaciones de vulnerabilidad requieren una respuesta social, aunque consideran que esa respuesta debe producirse a través de los mecanismos legalmente establecidos para el acceso a una vivienda pública. En este sentido, sostienen que cualquier actuación debe respetar los procedimientos vigentes y garantizar la igualdad de condiciones para las personas que se encuentran en las listas de espera de vivienda protegida.
Foto: sindicato_sbc.
