La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles en el Consejo de Gobierno el nuevo proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que propone reducir los trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas que hayan quedado obsoletas y que frenan la inversión.
Como ha explicado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, entre sus principales disposiciones establece que cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente y las normas de organización tendrán fecha de caducidad, “para que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve”. Tras su aprobación, la propuesta se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
El texto establece que la normativa se evalúe antes de aprobarse y después de empezar a aplicarse, para comprobar si cumple su objetivo y decidir si debe mantenerse, modificarse o eliminarse. Las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero y el 1 de julio “para que nadie tenga que adaptarse a contrarreloj”. Este calendario, inspirado en el modelo británico, permitirá a los negocios, especialmente a los pequeños y medianos, preparar con antelación los cambios necesarios.
El proyecto regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.
Igualmente contempla reforzar la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Además, habrá espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. Además, incluye el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.
Más de 70 normas simplificadas
El proyecto de ley incluye cambios en la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un servicio de la Comunidad de Madrid al que ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que dificulten sin justificación la actividad económica o la competencia, para que la Administración los revise. Con ella, como ha explicado la presidenta, se han reducido ya 738 normas, entre ellas la Ley del Suelo, que se ha modificado para agilizar la concesión de licencias o la extensión de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.
La propuesta sigue las recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que relacionan una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad. El texto no supone un gasto adicional ni añade obligaciones administrativas, sino que prevé reducir las existentes.
