El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por la vivienda promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos en la céntrica Puerta del Sol, tal y como solicitaba de forma «cautelarísima» el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En su resolución, a la que ha tenido acceso GACETÍN MADRID, el tribunal superior solicita un informe antes del miércoles a la Delegación del Gobierno, representada por la Abogacía del Estado, para que se pronuncie sobre el desalojo en el trámite de medidas cautelares.
«Encontrándonos ante medidas de desalojo que, caso de no ser atendidos los requerimientos verbales a tal efecto, podrían conllevar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes la utilización de medidas de compulsión física sobre las personas acampadas, tan real posibilidad exige que, con carácter previo, se cuente por esta Sala con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid, lo que, dadas las concretas circunstancias, conllevará la reducción del plazo legal de alegaciones al miércoles al 7 de octubre a las 9:00 de su mañana», se expone.
“Inmediata disolución de la ocupación ilegal”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado jueves, 1 de octubre, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la solicitud de medidas cautelarísimas para la “inmediata disolución de la ocupación ilegal” de la Puerta del Sol, en referencia a la Acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
«Les anuncio que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol, una acampada que nunca se debió permitir. Y, por tanto, vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol», indicaba la presidenta regional madrileña.
«Y si no les importa, a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes, que nos han tenido que escribir la Asociación de comerciantes e industriales de Preciados, Sol y adyacentes porque les están arruinando», subrayaba.
El Gobierno regional considera que la concentración y la acampada permanente instaladas en la Puerta del Sol “están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión”. Considera, además, que «corresponden al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas» en materia de prevención y vigilancia, “sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio”, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones. A esta situación «se suman los actos vandálicos y daños que atentan contra el patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol».
