El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado hoy que el Gobierno madrileño, encabezado por Isabel Díaz ayuso, ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en el plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol.
Se trata del campamento en apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en la lucha por sus reivindicaciones en materia de vivienda y desahucios, con decena de tiendas de campaña a modo de protesta. «En caso de no hacerlo- ha advertido- la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de todos los madrileños».
«Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del gobierno -delegado del sanchismo en la Comunidad de Madrid- o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo», ha señalado. Una acampada «ilegal que está generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol, con los que estamos en permanente contacto, y que ya temen tener un prejuicio económico muy importante como el que sufrieron durante el pasado 15 M, que fue superior a los 90 millones de euros».
«La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol. Por eso, acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en el plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol», ha advertido. También para que «proteja el edificio de la Real Casa de Correos, donde nos encontramos un edificio con más de 250 años de historia, declarado Bien de Interés Cultural, con actos vandálicos como los que ha sufrido en los últimos días donde hemos visto desde pintadas, donde se ha arrojado basura contra su fachada y contra sus ventanas».
«Le damos al delegado del Gobierno esas 48 horas para que atienda este requerimiento y, en caso de no hacerlo, presentaremos el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente, además, del derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales contra el delegado del gobierno en defensa del interés de todos los madrileños», ha concluido.
Foto: CCOO Madrid.
