Más de 56.000 personas de 65 años o más en la Comunidad de Madrid —el 4,2% de este grupo de población— se encuentran en una situación en la que no pueden cubrir necesidades esenciales ni disponer de una vivienda en condiciones adecuadas. El estudio también revela que el 12,3% de los mayores tiene dificultades para mantener su hogar a una temperatura apropiada.
Los datos proceden del Observatorio Social de las Personas Mayores, actualizado a marzo de este año, y fueron presentados este martes en la sede del sindicato por la secretaria general en Madrid, Paloma López, junto a la responsable de la Federación de Pensionistas en la región.
El informe muestra que la carencia material severa afecta de manera desigual a hombres y mujeres. Entre ellas, la tasa asciende al 4,8% (37.600 mujeres), mientras que entre los hombres se sitúa en el 3,3% (18.475). Esta diferencia se enmarca en una población envejecida con fuerte presencia femenina: las mujeres representan el 52,1% de la población madrileña, pero su peso sube al 58,2% entre quienes superan los 65 años y alcanza el 71,1% entre las personas mayores de 90 años.
El estudio también señala que el 21,1% de los mayores vive solo en la Comunidad de Madrid, lo que equivale a 284.112 personas. Este tipo de hogares, además, está claramente feminizado: en el último trimestre de 2025, el 28% de las mujeres de 65 años o más vivía sola (218.594), frente al 11,5% de los hombres (65.518).
Condiciones de los hogares y vulnerabilidad económica
En 2024, el 13,7% de la población mayor de 65 años se situaba por debajo del umbral de pobreza, lo que supone alrededor de 184.000 personas. El análisis revela una marcada desigualdad por sexo: el 70,2% de quienes se encuentran en esta situación son mujeres (129.200), frente al 29,8% de hombres (54.800). Desde 2019, el porcentaje de mayores en riesgo de pobreza ha aumentado en 0,7 puntos, lo que se traduce en 27.425 personas más.
Las dificultades económicas se extienden más allá del umbral de pobreza. El 34,9% de los mayores reconoce problemas para llegar a fin de mes y el 22,7% afirma que no podría asumir un gasto inesperado, lo que evidencia una vulnerabilidad significativa ante imprevistos.
Las condiciones de la vivienda han empeorado en los últimos años. En 2019, el 7,1% de los mayores no podía mantener su hogar a una temperatura adecuada; en 2024, la cifra sube al 12,3%. También han aumentado los retrasos en pagos relacionados con la vivienda: los problemas para abonar gastos del hogar o compras aplazadas han crecido 3,7 puntos, y los retrasos en facturas, 2,3 puntos. El informe concluye que estos indicadores reflejan una creciente fragilidad financiera vinculada a la vivienda y los suministros básicos.
Sanidad y dependencia: inversión insuficiente y listas de espera
El sindicato también ha puesto el foco en el sistema sanitario madrileño. Según López, en 2023 la inversión en sanidad representó el 4,1% del PIB regional, situando a Madrid como la comunidad autónoma que menos recursos destina a este ámbito en relación con su riqueza. Por ello, reclamó medidas para reducir listas de espera y reforzar la atención hospitalaria, las especialidades y, especialmente, la Atención Primaria.
En materia de dependencia, los datos indican que a 31 de enero de 2026 se habían registrado 280.628 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, el 12% del total nacional. Esta cifra equivale al 3,9% de la población madrileña. De las personas con derecho reconocido a prestación (223.191), solo 208.264 la están recibiendo, lo que deja una lista de espera de 14.927 personas. López calificó este volumen de retrasos como “muy alto” y urgió a agilizar las valoraciones.
La secretaria general también criticó que el sistema de dependencia en Madrid esté “fundamentalmente en manos privadas”, con predominio de residencias privadas y concertadas. Defendió la necesidad de revertir este modelo y apostar por una red pública de residencias y servicios de atención.
El análisis sobre residencias muestra que en la Comunidad de Madrid existen 18,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, por debajo de la media estatal (20 plazas). De las 54.366 plazas disponibles en 2022, 43.105 pertenecían a centros privados, lo que supone el 79,3%. Para el sindicato, estas cifras evidencian tanto la falta de equipamientos como la preferencia por la gestión privada frente a la pública.
López también cuestionó el plan regional conocido como 40/40, al considerar que se basa en “el viejo mantra de la colaboración público-privada” y que prioriza beneficios empresariales sin mejorar la calidad de vida de la ciudadanía madrileña.
