El procedimiento judicial abierto en torno a la adquisición de un ático de lujo por parte de la empresa pública Planifica Madrid —dependiente de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo autonómico— continúa sumando pasos en los tribunales. El PSOE-M y Más Madrid han solicitado formalmente su personación como acusación popular en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, uniéndose de este modo a la petición que previamente había registrado la entidad Iustitia Europa.
El foco de la investigación se centra en la compra de un ático de 485 metros cuadrados situado en la novena planta de un edificio residencial en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí. La operación, cifrada en algo más de 6 millones de euros (aproximadamente 6,3 millones), se cerró el pasado mes de abril a la vendedora Astrid Gil-Casares, economista y escritora, con el argumento oficial de dotar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de un alojamiento provisional mientras se acometían las obras de rehabilitación en la Real Casa de Correos.
El inmueble, ubicado en una de las arterias más exclusivas de la capital y colindante con el Museo Sorolla —a escasos 300 metros del paseo de la Castellana—, contaba con una pareja de inquilinos residiendo en su interior en el momento de la transacción. Desde que trascendió la operación inmobiliaria, la iniciativa generó un intenso debate político y numerosas críticas por parte de los partidos de la oposición.
Avance de las diligencias y posibles delitos investigados
Tras la remisión por parte de la Fiscalía de Madrid de sus diligencias preprocesales y de varias denuncias a la jueza instructora, el procedimiento avanza mientras los partidos solicitantes y los tribunales examinan la documentación de la compra. Las organizaciones personadas buscan que se esclarezcan en profundidad las circunstancias en las que se decidió la adquisición del piso y el uso definitivo que se pretendía dar al mismo, poniendo especial atención en la posibilidad de que estuviera destinado a servir de residencia habitual a la máxima mandataria regional.
Las actuaciones judiciales apuntan de forma preliminar hacia la posible existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, extremos que tendrán que ser dilucidados a lo largo de la instrucción. Mientras la causa penal sigue su curso y la oposición continúa reclamando transparencia sobre los detalles administrativos, la presidenta autonómica trató en su día de zanjar el asunto públicamente, aunque el frente judicial sigue incorporando nuevos actores procesales.
