Los alcaldes pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) han denunciado la subida de la tasa que la Comunidad de Madrid cobra a los ayuntamientos por la cobertura del servicio regional de prevención y extinción de incendios y ha exigido al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que explique por qué incrementa la factura a los municipios, mientras los profesionales denuncian carencias de personal, medios y prevención.
La nueva regulación eleva de 30,93 a 35 euros (+13,16%) por habitante la tarifa y fija para 2026 un límite de 120.000 habitantes para calcular la cuota, frente a los 100.000 anteriores. El límite será de 130.000 en 2027 y de 150.000 a partir de 2028. Según los cálculos del PSOE de Madrid, en Móstoles la cuota pasa de aproximadamente 3,09 millones a 4,2 millones de euros: 1.106 millones más al año, un incremento del 35,7%. Getafe y Alcalá de Henares afrontarían una cuota de 4,2 millones en 2026.
“Ayuso vuelve a meter la mano en el bolsillo de los ayuntamientos. Les cobra más por un servicio esencial mientras los profesionales denuncian falta de efectivos y de prevención. No puede ser que la Comunidad decida unilateralmente y después envíe la factura a los municipios”, ha señalado Cristina González, secretaria de Política Municipal del PSOE de Madrid.
El PSOE-M reclama una revisión inmediata del modelo de financiación del servicio y una negociación con los ayuntamientos para evitar que la subida recaiga exclusivamente sobre las haciendas locales. Asimismo, exige un informe público sobre la evolución de la tasa, los ingresos obtenidos, las inversiones ejecutadas, los efectivos y plazas cubiertas, los trabajos preventivos y los medios materiales disponibles.
Menos prevención y dotaciones más reducidas antes de un verano de incendios
Los socialistas consideran especialmente grave que la subida llegue después de un verano marcado por graves incendios y tras meses de advertencias de los profesionales forestales. En abril, los bomberos forestales denunciaron que durante el invierno solo se había ejecutado aproximadamente la mitad de las labores de prevención previstas.
Durante la campaña de verano, los profesionales denunciaron, además, que algunas dotaciones habían pasado de siete a cinco efectivos, reduciendo su capacidad de respuesta. El conflicto laboral continúa abierto: de las 124 plazas teóricas de personal laboral dedicadas a extinción, solo 60 están cubiertas, según informaciones publicadas durante la emergencia.
“No estamos hablando de una reivindicación corporativa, sino de prevención de incendios, capacidad de respuesta y seguridad para miles de madrileños. Cuando los profesionales advierten de que se ha reducido la prevención y faltan efectivos, el gobierno de Ayuso tiene que escucharles y actuar”, han afirmado los socialistas.
El gobierno regional defiende que el dispositivo INFOMA 2026 cuenta con más de 52,5 millones de euros y un incremento respecto al ejercicio anterior. Para el PSOE de Madrid, las cifras globales no pueden ocultar la realidad denunciada por los profesionales: menos trabajos preventivos, plazas sin cubrir y un conflicto laboral que sigue sin resolverse. “No queremos propaganda presupuestaria. Queremos saber cuánto dinero se dedica realmente a prevención, cuántas plazas están cubiertas, cuántos retenes están operativos, qué trabajos preventivos se han realizado y qué medios tienen los profesionales. Si el presupuesto aumenta pero sobre el terreno faltan efectivos o se reduce la prevención, Ayuso tiene que dar explicaciones”, han reclamado.
La Justicia pone el foco sobre casi 38 millones vinculados a inversiones en bomberos
El PSOE de Madrid considera igualmente necesario que el Gobierno regional explique el destino de los recursos obtenidos mediante la contribución especial vinculada al servicio. Una sentencia firme ha obligado a la Comunidad a responder por las cantidades recaudadas y vinculadas a inversiones reales.
El sindicato que promovió el procedimiento situó en 37,8 millones de euros las cantidades correspondientes a 2019-2023 que, según su interpretación, no se habrían destinado a esas inversiones. El Gobierno regional niega que exista falta de inversión y sostiene que ese cálculo no contempla determinadas actuaciones realizadas mediante fórmulas como el renting.
“Si la Comunidad pide ahora más dinero a los ayuntamientos, lo mínimo es explicar con absoluta transparencia cuánto ha recaudado, cuánto ha invertido y en qué. No se puede pedir un cheque en blanco a los municipios”, ha señalado González. Los socialistas madrileños han criticado que el gobierno regional reclame más recursos a los ayuntamientos mientras mantiene otras prioridades de gasto. Citan como ejemplos la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí por parte de una empresa pública de la Comunidad y el impulso del proyecto de Fórmula 1 en Madrid.
“Cuando se trata de cobrar más a los ayuntamientos para un servicio esencial, Ayuso dice que no hay alternativa; cuando se trata de sus prioridades políticas, económicas o de promoción, siempre encuentra recursos. Y mientras tanto, los profesionales de la prevención llevan años reclamando más medios”, han afirmado. Para el PSOE de Madrid, los incendios de este verano demuestran que la política de prevención no puede limitarse a reforzar medios cuando las llamas ya están fuera de control. Los profesionales habían advertido previamente de la reducción de trabajos preventivos y de las dificultades de las dotaciones.
“Los incendios no se combaten únicamente cuando empiezan. Se combaten durante todo el año: limpiando y gestionando el monte, manteniendo cortafuegos y caminos, reforzando las plantillas, formando a los profesionales y garantizando vehículos, herramientas y equipos de protección. La prevención salva vidas, protege nuestro patrimonio natural y reduce el coste de las emergencias”, han defendido.
Los socialistas reclaman también que la Comunidad de Madrid atienda las reivindicaciones de los bomberos forestales: cobertura de las plazas vacantes, reconocimiento y regularización de su categoría profesional, mejora de las condiciones laborales y refuerzo de los medios y de la prevención. “Ayuso no puede hacer caja con los ayuntamientos. Primero debe garantizar que los recursos destinados a bomberos llegan a los bomberos, que las plazas están cubiertas y que la prevención se realiza durante todo el año. Y después, si quiere pedir más dinero a los municipios, tendrá que explicar para qué lo quiere”, ha concluido la secretaria socialista de Política Municipal.
