La Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias ha anunciado que analizará junto a sus servicios jurídicos la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se concede al Banco de España el uso de gran parte de las edificaciones de la Quinta de Torre Arias durante un periodo de 75 años, un compromiso que se extenderá hasta el año 2101. El objetivo de la entidad vecinal es determinar si interpondrá un recurso de reposición u otras medidas legales para garantizar la protección de este enclave del distrito de San Blas-Canillejas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Desde el colectivo lamentan que la resolución administrativa se haya cerrado antes de que concluyera el periodo de alegaciones que se encontraban preparando como parte interesada en el procedimiento, al considerar que una decisión sobre un bien público de este valor requería agotar las vías de participación ciudadana.
Defensa del carácter agropecuario y propuestas de gobernanza
A pesar de valorar de forma positiva la futura rehabilitación de los edificios cerrados desde hace años y la apertura de actividades al público por parte del Banco de España, la plataforma señala que la intervención no debe limitarse a restaurar las estructuras e integrar sus jardines. En este sentido, reclaman que se mantenga la vinculación histórica entre el palacio, las caballerizas, la granja, las huertas, los cultivos y las bodegas del recinto.
En los últimos meses, el denominado Frente Ciudadano —que integra a la plataforma junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) y la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas-Canillejas— ha mantenido reuniones con representantes del Banco de España para trasladar propuestas dirigidas a hacer compatible el proyecto de educación financiera de la entidad con la memoria productiva del entorno.
Entre las iniciativas planteadas figura la creación de una colaboración interinstitucional en la que participen el Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y diversas universidades públicas. A través de esta red, proponen poner en marcha programas de investigación y formación sobre agroecología, biodiversidad urbana y recuperación patrimonial.
Exigencias de transparencia y participación ciudadana
De cara al desarrollo del título concesional, la plataforma ha hecho públicas una serie de peticiones dirigidas a la administración municipal y al Banco de España. Solicitaron la publicación íntegra de los términos del acuerdo, la reserva permanente de espacio para proyectos científicos y educativos, la puesta en marcha de escuelas taller y la implantación de un modelo de gobernanza compartida que incluya a la comunidad científica y a las entidades del distrito.
Desde la entidad vecinal reiteran su disposición al diálogo institucional, remarcando que la eventual vía judicial no busca frenar la restauración del complejo, sino asegurar la preservación del patrimonio público e integrar usos compatibles con el valor histórico y medioambiental de la finca.
Foto: FRAVM.
