La Comunidad de Madrid ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de la Abogacía General, que «moderniza la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos». Entre sus principales novedades, establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar, al menos diez, años de experiencia profesional.
El texto se remitirá ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación, con la previsión de que entre en vigor en septiembre. La norma sustituirá a la actual Ley, vigente desde 1999, con el objetivo de «adecuar su estructura y competencias a las necesidades actuales de la Administración madrileña». Igualmente, el texto actualiza la organización interna de la Abogacía General y crea una Secretaría Técnica que prestará apoyo general y asumirá, entre otras tareas, la elaboración de estudios e informes especializados.
El proyecto profundiza, además, en la regulación del acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid a fin de preservar su cualificación, su carácter técnico y su independencia. Asimismo, la ley renueva el sistema de los informes jurídicos, aclara su contenido y diferencia estos de las consultas jurídicas, ampliando el uso de estas últimas por parte de los órganos de la Administración regional.
La nueva Ley de la Abogacía General «mejorará el funcionamiento de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá una defensa más ágil y eficaz de los intereses públicos. De este modo, contribuirá a reforzar la protección del patrimonio histórico, el medio ambiente y los derechos sociales, entre otros ámbitos», subrayan.
