El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, junto a la responsable de Soporte Asociativo de la entidad, Marta Temperán, han mantenido una reunión de trabajo con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.
El objetivo del encuentro fue trasladar al organismo estatal una petición formal de mediación ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, con el fin de que el Ejecutivo regional «se implique de forma decidida y en el marco de sus competencias» en la atención a las personas drogodependientes, priorizando las políticas de mediación y reducción del daño ante el incremento del consumo en la calle.
A juicio de la Federación Vecinal, la estrategia actual del Plan Regional de Drogas diseñado por la Comunidad de Madrid «resulta claramente insuficiente al ignorar el fenómeno del consumo en la vía pública». Esta realidad, «además de representar un grave problema de salud pública, se ha convertido —junto a las dificultades derivadas del sinhogarismo y la presencia de bandas juveniles— en uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad y convivencia para los ciudadanos de la región».
La situación reviste especial gravedad en distritos madrileños como San Blas-Canillejas, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Usera y Centro, así como en diversas localidades de la corona metropolitana, donde el tejido asociativo lleva tiempo alertando sobre la «acumulación de vulnerabilidades» y la «falta de respuestas coordinadas».
Por ello, la FRAVM ve necesario que la Comunidad de Madrid elabore una estrategia específica de mediación y reducción del daño coordinada con los ayuntamientos, los servicios sociales y las fuerzas de seguridad y solicita la apertura urgente de una vía de interlocución directa en la que participen la propia Federación Vecinal y las administraciones competentes. La organización insiste en que la respuesta no puede limitarse a intervenciones policiales o de carácter puntual, sino que exige desplegar una red sólida de dispositivos sociosanitarios y de mediación comunitaria que actúen sobre el terreno.
Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, ha manifestado de manera tajante la postura del colectivo: “Estamos ante un problema que solo se va a resolver con responsabilidad y coordinación entre todas las administraciones. La Comunidad de Madrid tiene las principales competencias en salud pública y salud mental; por ello, no puede seguir mirando para otro lado, manteniendo centros de atención prácticamente cerrados y dando la espalda a la realidad del consumo en calle”.
Nacarino ha añadido que “no estamos solo ante un problema de seguridad: esto lo saben y lo reconocen todos los responsables policiales, los técnicos sociosanitarios y los expertos en adicciones. Los vecinos y vecinas merecemos soluciones, no más mentiras ni excusas. No podemos consentir que los barrios más vulnerables vuelvan a ser otra vez el lugar donde el vecindario tenga que convivir día tras día con las drogas”.
Desde la Federación Vecinal recuerdan que la región ya atravesó situaciones de extrema gravedad vinculadas a la drogodependencia durante las décadas de los ochenta y noventa. En aquel momento, fueron precisamente la movilización ciudadana y la acción conjunta de las distintas administraciones las herramientas que permitieron articular soluciones efectivas.
Es por ello que reclaman actuar con celeridad, planificación y rigor, apartando un ruido partidista que, sostienen, solo incrementa la sensación de abandono en las barriadas. La FRAVM ha avanzado que continuará con su ronda de encuentros institucionales con ayuntamientos, fuerzas policiales, representantes políticos y entidades expertas hasta asegurar que el Gobierno autonómico asuma plenamente sus competencias.
