La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en la ciudad de Madrid, en Torrejón del Rey (Guadalajara) y en Rubí (Barcelona) como presuntos responsables de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los miembros de este entramado desarrollaban un fraude piramidal conocido como esquema Ponzi, consistente en atraer a inversores prometiendo altos rendimientos que se pagaban a algunos participantes iniciales en cantidades reducidas, utilizando el capital económico aportado por otros participantes.
Los investigadores especialistas en fraude informático y ciberestafas han podido revelar la existencia de 121 víctimas, con un perjuicio económico acumulado de cerca de 300.000 euros. Las pesquisas policiales han revelado que la organización desarrollaba su actividad bajo una apariencia de legalidad diseñada con el objetivo de generar confianza entre los afectados.
Entre los elementos de los que disponían destacaban una serie de oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, personal uniformado o una app que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima. El proceso delictivo comenzaba con la localización, identificación y captación de potenciales víctimas, configurándose éstas como perfiles interesados en obtener rentabilidades elevadas mediante la inversión en criptomonedas.
El modus operandi de los captadores era cuidado: reuniones presenciales, contactos telefónicos y comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería, ofreciendo oportunidades de inversión a priori seguras y altamente rentables. Afianzada la confianza de los perjudicados, les instaban a realizar un conjunto de aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o la adquisición de criptomonedas. Con posterioridad, los criptoactivos eran transferidos a direcciones facilitadas por miembros del entramado, quedando bajo el control efectivo de la organización.
Falsa percepción de solvencia y liquidez
Con el propósito de reforzar la credibilidad del sistema fraudulento, esta organización permitía, en determinados casos muy tasados, pequeñas retiradas o devoluciones de fondos, lo que generaba entre los inversores una falsa percepción de solvencia y liquidez. De esta forma, se incentivó a las víctimas a incrementar progresivamente las cantidades invertidas, llegando a captar nuevos inversores de su entorno personal.
Los fondos obtenidos eran introducidos en un complejo circuito financiero destinado a dificultar su rastreo. Para ello se utilizaban cuentas bajo el control de distintos miembros de la organización, entre las que se hacían continuas transferencias cruzadas, ingresos en efectivo, retiradas de fondos y pagos a terceros.
En paralelo, una significativa parte del dinero obtenido se transformaba en criptoactivos y se transfería a través de múltiples direcciones y wallets intermedias, generando sucesivas capas de transacciones, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos y, así, dificultar la identificación de sus beneficiarios finales.
Cinco entradas y registros
Los investigadores han desarrollado cinco entradas y registros, tres de ellos en la ciudad de Madrid, uno en la localidad de Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en el municipio de Rubí (Barcelona). Entre los efectos intervenidos, destacaban cerca de 15.000 euros en efectivo, un vehículo, más de 20 dispositivos móviles o tres ordenadores portátiles.
Asimismo, se han bloqueado 38 cuentas bancarias y un saldo de cerca de 75.000 euros. Por todos estos hechos, han sido detenidas 23 personas como presuntos responsables de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.
