«Esta institución considera que los hechos denunciados por la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas están siendo en la actualidad investigados, calificados y fijados por el órgano que estatuaria y primeramente está llamado a hacerlo, que es el Ministerio Fiscal, por lo que no procede continuar con la investigación iniciada». El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, responde de esta manera a la demanda de intervención formulada por el colectivo barrial después de que recopilara numerosas quejas vecinales por el exceso de ruido, la suciedad y los problemas de movilidad que generan los grandes eventos del Riyadh Air Metropolitano.
En un escrito remitido esta semana, Gabilondo invita a la asociación a reactivar su petición en el supuesto que los hechos denunciados no tuviesen relevancia penal «pero pudiesen constituir alguna irregularidad administrativa». Toca ahora esperar, por tanto, a que la Fiscalía Provincial de Madrid se pronuncie ante una contundente denuncia que la entidad presentó el pasado mes de febrero. En su comunicación, el Defensor del Pueblo no se limita a inhibirse en favor del Ministerio Fiscal, sino que incluye datos muy relevantes sobre las quejas y denuncias vecinales y la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. Datos que cuestionan declaraciones de altos responsables del Consistorio que aseguraban la ausencia de este tipo de quejas y de sanciones a promotores de grandes eventos.
Así, Gabilondo recoge tres expedientes sancionadores abiertos por el propio Gobierno local que han finalizado en multas por superar los límites acústicos. La más cuantiosa, de 80.800,80 euros, fue impuesta al promotor del concierto del grupo de rock AC/DC del 16 de junio de 2025 por una infracción muy grave al superar en 5 dBA y 10 dBA los límites sonoros en horario nocturno establecidos en la autorización concedida para la celebración del evento. Las otras dos son de 180 euros y 500 euros por infracciones leves. La primera fue impuesta al promotor del evento «Torneo Fútbol Base Internacional Madcup», que tuvo lugar el 23 de junio de ese año, y la segunda, al del concierto del grupo Imagine Dragons que se celebró cinco días después.
Desde 2018, los vecinos afectados por el estadio han presentado centenares de denuncias y quejas al Ayuntamiento, y este ha iniciado diversos procedimientos, que la asociación vecinal del entorno espera que acaben con sanciones, como los tres expedientes citados. A pesar de que su estructura no está diseñada para albergar conciertos, pues posee grandes aberturas laterales «que son fuente inagotable de ruido para los vecinos los días de partido, conciertos y actividades», el Metropolitano albergó 12 grandes conciertos en 2025 y este año se prevé que acoja 22.
Estos días la vecindad sufre el maratón de los 10 conciertos de Bad Bunny, y la asociación vecinal denuncia las «graves molestias que se repiten en cada evento de estas dimensiones: ruido, cortes de acceso de los vecinos a sus propias viviendas, atascos, dificultad para aparcar (el barrio carece de SER o zona de aparcamiento prioritario para residentes), inseguridad y suciedad». A esto hay que añadir altercados y «la invasión de las aceras por terrazas de establecimientos de restauración».
Tanto ante el Defensor del Pueblo como ante la Fiscalía de Madrid, la asociación ha denunciado que el Metropolitano carece de una licencia específica para eventos no deportivos, de tal forma que los promotores de estos deben solicitar una licencia especial para eventos extraordinarios cada vez que quieren organizar uno, licencia que siempre es concedida por la Junta Municipal de San Blas-Canillejas en base al «interés general y cultural» y que posibilita que se superen los límites ordinarios de ruido.
Ante preguntas y quejas vecinales, el Ayuntamiento ha justificado este interés general, y por tanto que se puedan superar los decibelios máximos establecidos en la legislación, por el «impacto significativo en la ciudad, especialmente en sectores como el turismo, el alojamiento, la gastronomía, el transporte y otros servicios asociados». Es evidente que «los ciudadanos no forman parte del interés general de esa Administración«, se queja la asociación vecinal, que espera que la Fiscalía acoja su demanda y siente las bases para que el Ayuntamiento regule adecuadamente la actividad en el estadio, conciliando de verdad el ocio de sus 67.000 espectadores con el derecho al descanso y a disfrutar de su propio barrio del vecindario residente.
