El Grupo Municipal de Más Madrid ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid (Sección de Medio Ambiente) en relación con las obras iniciadas por la empresa Tolsa en el perímetro de las Lagunas de Ambroz, en el distrito de San Blas-Canillejas.
La formación política solicita que se investigue si la prórroga de la concesión minera, autorizada recientemente por la Comunidad de Madrid, podría haber incurrido en delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
Contexto del conflicto
El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid anunció la finalización de los trámites para prorrogar una concesión minera que llevaba sin actividad desde hace casi dos décadas. El 22 de mayo de 2026, la Consejería de Medio Ambiente autorizó el inicio de una prórroga con una Declaración de Impacto Ambiental, lo que permitió a la empresa Tolsa comenzar las obras de acondicionamiento el 1 de junio.
Más Madrid sostiene que la Comunidad de Madrid ha pasado por alto estudios de biodiversidad realizados entre 2020 y 2022 que califican la zona como un enclave de «especial interés». Según el escrito presentado, la laguna surgió tras el cese de la actividad minera original, dando lugar a un ecosistema único en la ciudad de Madrid que estaba previsto integrar en el proyecto del Bosque Metropolitano.
Afectación a la biodiversidad
La denuncia subraya que las obras iniciadas han comenzado a vaciar la laguna y a talar árboles, afectando a varias especies protegidas. Entre los daños reportados se encuentran:
- La pérdida de puestas de la colonia de avión zapador (Riparia riparia), especie catalogada como vulnerable.
- La afección a especies en régimen de protección especial, como la collalba gris, el escribano triguero o la cogujada común.
- La posible muerte de ejemplares de insectos como el saga pedo, una especie declarada en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid.
Fundamentos de la denuncia
Más Madrid fundamenta su denuncia en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe la destrucción de lugares de reproducción de especies protegidas. El grupo municipal argumenta que la administración autonómica ha autorizado las obras «sin valorar el impacto ambiental» y eludiendo la realidad ecológica actual del terreno.
La formación solicita a la Fiscalía que practique las diligencias pertinentes para determinar si las actuaciones de la mercantil y la administración competente constituyen delitos de prevaricación urbanística y delitos contra el medio ambiente, conforme a los artículos 320, 325, 326 y 329 del Código Penal.
