La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley Integridad Pública por ser “un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas en el Gobierno de Sánchez”.
“Este texto consagraría con rango de ley orgánica las prácticas opacas, fraudulentas y corruptas, realizadas presuntamente en tramas como la de Servinabar, vinculada a Cerdán”, ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno.
Según ha explicado, la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, “desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude”.
Además, la norma propuesta «añade más cargas burocráticas y más papeleo a empresas y administraciones y concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola Agencia que califica de «independiente» pero que, en la práctica, quedaría bajo el control del Ejecutivo». Esta nueva Agencia que funcionaría, “una vez colonizada por un comisario sanchista, como un apéndice más del Palacio de La Moncloa, como ya se ha visto con otros órganos e instituciones en los últimos años”, ha subrayado García.
El rechazo al texto «ha sido generalizado y rotundo», según el Gobierno de Ayuso. Notarios y abogados, e incluso la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal «alertan sobre lo mismo: que esta Ley, en la práctica, supondría menos controles contra el fraude, el blanqueo y la corrupción, más inseguridad jurídica, más burocracia, e incluso advierten errores de técnica legislativa”, ha incidido.
