Esta mañana, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado formalmente una reunión conjunta y urgente a la Delegación del Gobierno, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento con el objetivo de abordar de manera coordinada la situación de «deterioro de la convivencia y el incremento de los problemas de seguridad en distintos barrios de la capital».
La petición se produce después de las dos muertes violentas de las dos últimas semanas, los asesinatos de dos jóvenes sucedidos en el Parque Paraíso (San Blas-Canillejas) y en Palomeras Bajas (Puente de Vallecas). La Federación Vecinal, que agrupa a casi 300 entidades de la comunidad autónoma, reclama a los máximos responsables de esas administraciones que «piensen en la seguridad y bienestar de la ciudadanía y aparquen sus estériles peleas partidistas, que en nada contribuyen a resolver los problemas reales de los vecinos y vecinas».
«Estamos hartos del ruido que a diario generan sus conflictos políticos, y como ciudadanos les exigimos que trabajen coordinadamente para resolver los problemas que sufrimos. Si han podido ponerse de acuerdo para organizar el dispositivo por la visita del Papa, también pueden y deben hacerlo para evitar que ocurran más muertes violentas de jóvenes en nuestras calles y mejorar la seguridad en nuestros barrios», indica Jorge Nacarino, presidente de la entidad vecinal.
La organización considera positiva la reunión convocada por la Delegación del Gobierno este viernes para abordar la conflictividad en el entorno del Parque Paraíso, y confirma su participación junto con la Plataforma Vecinal de San Blas. No en vano, ambos colectivos reclaman desde hace más de un año la constitución de una Mesa se Seguridad y Convivencia en el distrito de San Blas-Canillejas. «Pero esa convocatoria no puede sustituir, en ningún caso, la necesidad de abrir un espacio de trabajo estable donde abordar de manera global y coordinada la problemática e impulsar mesas de Seguridad y Convivencia en aquellos distritos con problemas endémicos de seguridad», inciden.
La FRAVM recuerda que lleva más de un año solicitando la constitución de esas mesas no solo en San Blas-Simancas sino también en otros seis distritos, debido al deterioro de la seguridad en algunos de sus barrios. En concreto, considera prioritario actuar de manera coordinada en los siguientes ámbitos:
- San Blas-Canillejas: Simancas y entorno del Parque Paraíso.
- Puente de Vallecas: Entrevías y San Diego.
- Centro: Embajadores.
- Carabanchel: Opañel, entorno de Plaza de Oporto, Alto de San Isidro y Pan Bendito.
- Latina: Caño Roto y entorno de la calle Cullera, en Lucero.
- Usera: San Fermín.
- Villaverde: San Cristóbal de los Ángeles
«Lamentablemente, en los últimos doce meses solo se ha conformado la Mesa de Seguridad y Convivencia de San Cristóbal, pero en ella solo han participado técnicos. Los colectivos vecinales se han quedado fuera», denuncian. La FRAVM recuerda que en ese tipo de espacios de trabajo deberían participar la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, junto con representantes de la Policía Nacional, la Policía Municipal, los Servicios Sociales y las asociaciones vecinales.
Las mesas «deberían servir para diseñar planes específicos adaptados a la realidad social de cada barrio, coordinar recursos policiales, sociales, educativos y comunitarios; detectar situaciones de especial vulnerabilidad y conflictividad antes de que se cronifiquen; impulsar medidas preventivas dirigidas especialmente a la juventud, la convivencia y la cohesión social; y establecer mecanismos estables de seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas».
«Aunque Madrid sigue siendo una región muy segura, como demuestran los balances delincuenciales de los últimos años, existen problemas crónicos sin resolver que se están acrecentando en lugares como los barrios citados. En la mayoría de los casos, partimos de carencias estructurales que exigen una respuesta integral, que va mucho más allá de meras actuaciones policiales reactivas», inciden.
Los problemas de convivencia y seguridad de esas zonas «están directamente relacionados con situaciones de exclusión social, falta de inversión pública, hacinamiento derivado de la crisis de vivienda, presencia de bandas juveniles violentas, deterioro del espacio público, tráfico y consumo de drogas, así como con un debilitamiento progresivo de los servicios públicos y de las redes comunitarias». Por ello, la FRAVM considera imprescindible «combinar medidas urgentes en materia de seguridad con políticas públicas de inversión social, prevención, juventud, vivienda, convivencia y refuerzo de los servicios públicos».
Hasta la fecha, las inversiones públicas realizadas en esos barrios, procedentes del Ayuntamiento de Madrid, «se han demostrado absolutamente insuficientes». «Pero al menos el Consistorio ha puesto en marcha algunas. Las impulsadas por la Comunidad de Madrid o el Gobierno central han sido directamente inexistentes», critican.
Necesidad de cambios estructurales en las políticas de seguridad
La FRAVM considera necesario «abrir un debate serio sobre las políticas públicas de seguridad y convivencia en las grandes ciudades, incorporando reformas normativas, refuerzo de efectivos y nuevas herramientas de intervención y prevención». En este sentido, recuerda que la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), en la que participa la FRAVM, solicitó hace meses una reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad para trasladar diversas propuestas sin que hasta la fecha haya sido atendida. Por ello, hoy reitera la petición de reunión.
Demandas de la FRAVM en materia de seguridad dirigidas a las tres administraciones con competencias:
Al Gobierno de España:
La Federación Vecinal plantea modificaciones normativas orientadas a mejorar la prevención, la dotación de medios y la persecución de conductas violentas y delictivas:
– Creación de un registro estatal de armas blancas.
– Endurecimiento de las penas vinculadas a la tenencia y exhibición de armas blancas.
– Incorporación de nuevos tipos penales relacionados con estas conductas.
– Agilización de la eliminación de la tasa de reposición para permitir que ciudades como Madrid puedan dimensionar adecuadamente las plantillas de la Policía Municipal.
– Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la eliminación de topes de inembargabilidad de rentas en multas vinculadas a delitos dolosos contra la salud pública, la integridad física y la libertad sexual.
– Desarrollo de un plan específico de inspección sobre viviendas de uso turístico ilegales por incumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana.
Asimismo, la FRAVM reclama a la Delegación del Gobierno la actualización del Plan de Bandas Juveniles para adaptarlo a la realidad existente en distintos barrios de Madrid.
A la Comunidad de Madrid
La FRAVM considera igualmente necesario que la Comunidad de Madrid impulse cambios normativos y actuaciones específicas. En este sentido, reclama:
– La agilización de la reforma de la Ley Antibotellón para limitar la venta de alcohol en locales de conveniencia solicitada por la FRAVM en el marco de la revisión de la LEPAR.
– El desarrollo de un plan de actuación sobre viviendas y locales ocupados ilegalmente, propiedad de la Agencia de Vivienda Social, donde existan sospechas fundadas de tráfico de drogas o graves conflictos de convivencia.
Al Ayuntamiento de Madrid
La FRAVM considera prioritario reforzar los recursos municipales destinados a seguridad, convivencia e intervención social en los distritos más afectados. Por ello, reclama:
– Un refuerzo urgente de las plantillas de Policía Municipal en los distritos con problemas estructurales de seguridad y convivencia.
– Un incremento de los agentes tutores en aquellos distritos con mayor presencia de bandas juveniles violentas.
– La elaboración de un plan de racionalización de las competencias de la Policía Municipal en materia de seguridad ciudadana que permita optimizar los recursos actuales del cuerpo mientras se produce el necesario refuerzo de plantilla.
A las tres administraciones
La federación reclama que la Comunidad de Madrid, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid desarrollen, de manera coordinada, planes integrales de intervención en los barrios afectados. Y en concreto:
– La aprobación de planes específicos de inversión centrados en juventud, convivencia, cultura, educación, empleo y reactivación económica, dentro del marco de la estrategia SURES (incluyendo en esta al barrio de Embajadores) y con aportación económica del Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
– El refuerzo económico de los Planes de Barrio en estos ámbitos mediante aportaciones específicas procedentes del Gobierno regional.
– El desarrollo de un plan de atención en calle a personas drogodependientes coordinado entre la Comunidad de Madrid y los dispositivos municipales de Madrid Salud.
– La creación de una bolsa de vivienda de emergencia, coordinada entre la Comunidad y el Ayuntamiento, para programas de prevención y atención al sinhogarismo.
