El Gobierno ha autorizado en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 25,2 millones de euros a la Comunidad de Madrid para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias.
La inversión total propuesta para las comunidades y ciudades autónomas moviliza 200 millones de euros (198.704.000 €) para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. Esta inversión, que parte del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y va a servir para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local. Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
En concreto, la inversión se articula en tres grandes programas. El primero, dotado con 65 millones de euros, de los cuales 6,5 son para la Comunidad de Madrid, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar. Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.
El segundo programa, con 25 millones, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). De esta partida, 3,5 millones de euros le corresponden a la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros, siendo 15,1 para la Comunidad de Madrid, asegurará el acceso a prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social. Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Derechos de las Personas con Discapacidad
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebró el pasado 3 de mayo, en su vigésimo aniversario.
La declaración pone en valor los avances logrados en España en materia de igualdad, inclusión y garantía de derechos, y destaca medidas en materia de no discriminación, derechos en la infancia y la educación, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal o el acceso a la justicia Asimismo, subraya el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas.
Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas
Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha sido proponente, junto a los ministerios de Educación, Hacienda e Igualdad, del Real Decreto por el que se regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas, en la que se establece que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de dicha recaudación, lo que refuerza el papel del deporte femenino en el sistema deportivo español y avanza hacía una mayor equidad en la financiación.
