La Comunidad de Madrid ultima el proyecto de decreto que establecerá una fecha de caducidad para las leyes autonómicas de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar el resto de las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia. El Ejecutivo regional avanza en su tramitación tras el informe favorable de la Abogacía General, conocido hoy por el Consejo de Gobierno, y solicitará próximamente el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre este futuro texto, cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de este año.
Este decreto permitirá a los madrileños «contar con un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que aporte una mayor seguridad jurídica». En conceto, hace referencia a las normas que regulan el funcionamiento interno de una Administración o entidad pública, incluyendo sus estructuras, competencias, órganos, procedimientos y servicios, entre otros aspectos. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las que fijan la actividad de un órgano colegiado o el decreto que establece el régimen de la Mesa de Diálogo Social.
La iniciativa establece la obligación de llevar a cabo al menos una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo. De este modo, se podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario ajustarlas al contexto actual.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año, desde la puesta en marcha del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, con el objetivo de «priorizar, en beneficio de los ciudadanos», el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo.
Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una Administración más eficaz y orientada al ciudadano. La medida, que figuraba en el programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico en el último Debate sobre el Estado de la Región.
Fase de consulta pública
El procedimiento de evaluación de la normativa incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas, y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. El resto de los criterios se fijarán en la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa.
Asimismo, establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurrido los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se estime necesario mantenerlas.
Menos plazos de tramitación y mayor seguridad jurídica
La iniciativa incorpora, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, y permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
La Comunidad de Madrid da un paso más en la disminución del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos. El principal objetivo es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas y e inversores.
