La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central la revisión de los protocolos de valoración de riesgo en el sistema VioGén2 para mujeres víctimas de violencia. Esta petición ha sido abordada hoy durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Se ha constatado que tres de las últimas cuatro mujeres asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas desde octubre de 2025 en la región estaban clasificadas como de riesgo bajo dentro de los cuatro niveles de protección establecidos. La Dirección General de la Mujer ya ha trasladado en reuniones técnicas de los Comités de Crisis convocados por el Ministerio de Igualdad la necesidad de realizar un estudio específico y revisar en profundidad los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior para la valoración de las víctimas.
Además, el Observatorio Regional de la Violencia de Género ha puesto de manifiesto que, de las 13 mujeres presuntamente asesinadas en España en lo que va de año, cinco habían presentado denuncia previa. Asimismo, se han revisado las incidencias detectadas en el sistema de pulseras antimaltrato.
La red pública de puntos de atención a mujeres, -que incluye recursos municipales, centros de día y centros residenciales-, ha constatado que 42 madrileñas incluidas en el sistema Cometa reportaron problemas en su funcionamiento, lo que supone que una de cada tres usuarias ha sufrido algún tipo de incidencia. Pese a los requerimientos de información realizados desde esa fecha, los Ministerios de Igualdad y del Interior aún no han dado ninguna respuesta.
Más de 4.800 víctimas atendidas
La red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) atendió en 2025 a 4.810 víctimas de violencia contra la mujer. Esta cifra representa un incremento del 16% con respecto al año anterior.
En el marco de la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, los servicios jurídicos de la Administración regional se personan como acusación popular en estos procedimientos judiciales derivados de muerte, lesión grave o mutilación genital. Desde su puesta en marcha en 2016, ya lo ha hecho en 77 ocasiones, de las cuales 25 siguen aún en tramitación.
