La Sección 6 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo 26 de febrero, a las 10:00 horas, a J. A. M., un joven de nacionalidad chilena acusado de intentar asesinar a un agente de la Policía Nacional en la estación de Metro de Gran Vía. La Fiscalía solicita para el procesado una pena de 10 años de prisión por un delito de homicidio agravado en grado de tentativa, al considerar que actuó con la intención decidida de acabar con la vida del funcionario utilizando su propia arma reglamentaria.
Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2024, alrededor de las 17:00 horas, cuando dos agentes vestidos de paisano identificaron al procesado y a otro individuo en el marco de sus funciones de prevención de la delincuencia. Tras acreditarse con sus placas y carnés profesionales, el acusado comenzó a gritar «me están intentando robar» para generar confusión entre los viajeros, momento que su acompañante aprovechó para huir. Durante la intervención, y aprovechando que uno de los policías perseguía al fugitivo, J. A. M. se lanzó contra el agente que lo custodiaba, logrando arrebatarle su arma reglamentaria HK USP Compact tras un forcejeo.
Según el relato del Ministerio Fiscal, el procesado encañonó al policía y apretó el gatillo apuntando directamente al tórax y al abdomen. El disparo no llegó a producirse gracias a que el arma tenía el seguro manual activado. Lejos de desistir, el acusado desplazó la corredera de la pistola para cargarla y volvió a percutir el arma contra las zonas vitales del agente, fallando de nuevo la detonación únicamente por los sistemas de protección de la propia pistola. El agente consiguió finalmente forcejear hasta que el arma cayó al suelo, logrando inmovilizar al agresor con la ayuda de vigilantes de seguridad del Metro y de su compañero.
A consecuencia del altercado, el funcionario policial sufrió una contusión en la rodilla y un esguince de tobillo, lesiones que tardaron cinco días en curar. El procesado, que se encuentra en situación irregular en España y carece de arraigo, permanece en prisión provisional desde el 1 de enero de 2025. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía interesa que se ejecute la expulsión del territorio nacional una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, o cuando acceda al tercer grado o libertad condicional.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice al agente herido con 250 euros por las lesiones sufridas. Para el juicio, se ha propuesto como prueba clave la visualización de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro de Madrid que registraron el incidente en la estación de Gran Vía.
