La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y diversas agrupaciones vecinales de Villa de Vallecas han lanzado un llamamiento urgente a las administraciones públicas –Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Gobierno central– para que intervengan y adquieran conjuntamente 200 viviendas en la calle Mazaterón, situadas en el Ensanche de Vallecas. Estas familias se enfrentan a la amenaza de desalojo inminente tras la venta de sus hogares a un fondo de inversión.
La denuncia central de las asociaciones (PAU Ensanche de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y La Unión de la UVA de Vallecas) se dirige contra la Fundación «la Caixa» por la venta de estos pisos, originalmente concebidos como alquiler asequible y vivienda protegida, a la compañía MOSAIC PROPCO S.L.U. Este fondo, calificado por las asociaciones como «buitre», ha comunicado a las familias su decisión de no renovar los contratos de alquiler una vez que estos expiren.
Preocupación por el perfil de los afectados
Las viviendas, de dimensiones reducidas (apenas 40 metros cuadrados), albergan a un colectivo vulnerable, incluyendo familias monoparentales, jóvenes con bajos ingresos, personas con discapacidad y adultos mayores sin alternativas habitacionales. Actualmente, estas familias pagan rentas de entre 400 y 600 euros mensuales. La decisión del fondo MOSAIC PROPCO S.L.U. de no renovar contratos busca, según el comunicado, vaciar el edificio para vender las propiedades o elevar los alquileres a precios del mercado libre, inasumibles para los inquilinos actuales.
Las asociaciones han calificado la especulación con la vivienda, un bien de primera necesidad, como «inmoral». También han criticado duramente a la Fundación «la Caixa» por vender a una entidad especulativa, abandonando el propósito social inicial de la promoción.
Exigencia de intervención pública
Las agrupaciones vecinales son claras en su demanda de solución, exigiendo la intervención inmediata de las tres administraciones. Se reclama que el Ayuntamiento (a través de la EMVS), la Comunidad de Madrid (mediante la AVS) y el Gobierno de España (por medio de SEPES) acuerden una operación conjunta para adquirir los inmuebles, integrarlos en el parque público de viviendas y garantizar que mantengan su función social a largo plazo como alquiler asequible.
Las asociaciones han señalado que esta situación se podría haber evitado si las viviendas protegidas tuvieran una protección permanente en la Comunidad de Madrid y si las administraciones ejercieran el derecho de tanteo y retracto para impedir la salida de promociones completas al mercado especulativo. Critican que la falta de una ley regional de vivienda contribuye a los desahucios y la subida desbocada de precios.
Mientras se busca esta solución de adquisición pública, los vecinos de Villa de Vallecas exigen el mantenimiento indefinido de los contratos actuales, sin subidas abusivas ni amenazas de desalojo. Las familias llevarán su caso al pleno del Ayuntamiento de Madrid el próximo 25 de noviembre para buscar apoyo en su «justa lucha por el derecho a una vivienda digna».
