Según el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid para el año 2025, se han catalogado un total de 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) que ocupan un total de 22.624,56 hectáreas. De estas sólo se han realizado 60 planes de autoprotección, estando en tramitación otros 35.
A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama vivo y Liberum Natura, las zonas IUF y la superficie que ocupan «podría ser mucho mayor, ya que existen más de 78.000 construcciones ilegales en la región». Muchas de ellas en zona forestal, «lo que supone que cada una genera un área de contacto de alto riesgo, entre viviendas y monte».
Las zonas IUF son territorios en los que se mezclan estrechamente los límites urbanos y forestales, como núcleos de población y urbanizaciones enclavadas en monte o en sus inmediaciones, viviendas aisladas, campings, vertederos, gasolineras. Son zonas potencialmente muy peligrosas porque, en caso de incendio, el fuego penetra con facilidad. Por ello, para su defensa, exigen «un gran despliegue de medios de extinción».
Para reducir el riesgo para personas y bienes, el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, más conocido por sus siglas como INFOMA, obliga, desde 2006, a que las áreas IUF dispongan de planes de autoprotección ante incendios forestales (PAIF). La versión INFOMA de 2017 y actualmente vigente extiende la obligación a los 59 municipios enclavados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales. El plazo para su aprobación era de un año que cumplió en junio de 2018.
El objetivo de los planes de autoprotección es poner en marcha medidas básicas de prevención y extinción de incendios forestales hasta la llegada e intervención de medios de la Comunidad de Madrid. Para ello estos planes «deben identificar riesgos, catalogar los medios y recursos con los que cuentan, establecer una organización y procedimientos operativos».
El responsable de su elaboración es el titular del núcleo de población o de la actividad y es la Dirección General de Protección Civil, dependiente del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, la competente del seguimiento de la implantación de las medidas del INFOMA. «La ausencia de estos instrumentos, exigidos desde hace casi dos décadas por la normativa regional, deja a miles de vecinos y a decenas de actividades económicas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al fuego», critican.
Desregulación urbanística y ambiental para eliminar trabas a la construcción en suelo forestal
Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno regional, y especialmente desde 2021, la Comunidad de Madrid «ha aprobado modificaciones legislativas que reducen la protección del suelo forestal», inciden. Las llamadas leyes ómnibus de 2022 y 2024 han cambiado la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos, «facilitando la construcción dispersa y la implantación de negocios en monte».
Estas decisiones «generan nuevos núcleos habitados, en muchos casos al margen del control municipal, que se convierten en puntos calientes de riesgo extremo frente a incendios forestales». Además, el actual plan INFOMA «excluye a explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas vinculadas de la obligación de tener planes de autoprotección, reduciendo aún más la seguridad».
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que el Ejecutivo autonómico «incumple de manera sistemática su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y opta por políticas de desregulación urbanística y ambiental que multiplican el riesgo y el gasto público, mientras reducen la protección de la biodiversidad».
Por ello, exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que:
- Cumpla y haga cumplir la normativa de prevención de incendios.
- Revierta las modificaciones legislativas que fomentan la construcción en suelo forestal.
- Priorice la seguridad de las personas y la protección de los ecosistemas por encima de intereses económicos a corto plazo.
Cada año, los incendios forestales «ponen en peligro a personas, viviendas y ecosistemas únicos de la Comunidad de Madrid». «La ausencia de planes de autoprotección en miles de áreas de contacto entre viviendas o actividades económicas y monte, como sucedió en el incendio de Tres Cantos-Viñuelas, supone una amenaza directa para la seguridad ciudadana», concluyen.
