La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación GALLAGHER, dirigida por Fiscalía Europea, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas. Sólo entre los ejercicios fiscales correspondientes entre los años 2018 y 2024, se les responsabiliza del fraude de cerca de 69 millones de euros, al eludir el pago de IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas.
La organización criminal ahora desarticulada, con fuertes vinculaciones internacionales, estaba especializada desde hace años en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública, operando en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, que contaba igualmente con una estructura de empresas paralela, a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que sometían a procedimientos de blanqueo de capitales.
Depósitos Fiscales en Holanda, Portugal y España
Esta investigación se ha centrado en un posible fraude intracomunitario de IVA, aprovechando las normas de la UE en las transacciones transfronterizas entre Estado miembros, exentas de IVA, así como el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. El Área Regional de Inspección de la AEAT en Valencia denunció esta trama ante la Fiscalía Europea en el año 2023.
La operativa defraudatoria se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España. Los investigadores han podido corroborar la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta un depósito fiscal en España, lugar donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El impuesto se devengaría sólo cuando los productos salen del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios, “missing traders”, radicados en España y controlados por la organización investigada, adquieren el alcohol, se hacen cargo del IVA, y luego desaparecen sin cumplir sus obligaciones fiscales.
El alcohol se vende después a través de una red de empresas ficticias, amparadas con facturas falsas, con el fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. Finalmente, el producto se distribuye en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA correspondiente aparentemente repercutido de forma correcta en factura nunca ha sido realmente ingresado. El hecho de no ingresar el IVA permitía rebajas ilícitas de precio, con la consiguiente competencia desleal.
Tres ciudadanos españoles en la cúspide de la organización criminal
Los cabecillas de la organización criminal, dirigida por tres ciudadanos españoles, se valdrían de una estructura de testaferros situados al frente de numerosas empresas instrumentales, lo que les permitía desvincularse aparentemente de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y hacer recaer sobre estas mercantiles, las responsabilidades penales derivadas de la actividad delictiva.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con la Agencia Tributaria a través de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO). La EPPO es la fiscalía independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, perseguir y llevar ante los tribunales los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
En las actuaciones se ha contado con el apoyo de diversas Unidades de la Zonas de la Guardia Civil de Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Navarra, Comandancias de Barcelona, Lérida, Cádiz, La Coruña y Valencia, así como del Servicio Cinológico y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y de las dependencias regionales de Inspección de Valencia, Cataluña, Andalucía, Galicia y Madrid y personal informático de la unidades central y regionales de auditoría informática (UCAI y UAI) de la Agencia Tributaria.
