La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un documento de aportaciones al proceso de consulta pública abierto por la Comunidad de Madrid para la elaboración de un nuevo Reglamento de Viviendas de Protección Pública (VPP). En ellas, la organización vecinal reclama que la futura norma «sea una verdadera herramienta para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, orientada al interés general y no al mercado desregulado».
La FRAVM, insisten, «parte de un diagnóstico claro: el modelo actual de vivienda protegida en la región, basado en un marco normativo que data de 2009 y heredero de criterios de hace más de dos décadas, ha resultado insuficiente para resolver la crisis habitacional, especialmente entre los colectivos más vulnerables». La federación destaca que la vivienda «constituye un derecho humano fundamental y que cualquier regulación sobre vivienda protegida debe tratarla como tal».
Un parque público de alquiler «fuerte y sin descalificaciones»
Entre las propuestas más destacadas figura «la necesidad de consolidar un parque público de vivienda social y asequible en alquiler, no enajenable y con protección permanente». Actualmente, en la Comunidad de Madrid, solo el 1,16 % del parque residencial (unas 29.620 viviendas) puede considerarse vivienda social, una cifra muy alejada de la media europea, que se sitúa en torno al 9,3 %, y aún más de países como Austria o Países Bajos, donde supera el 20 %.
Para la FRAVM, la calificación permanente de la vivienda protegida «es imprescindible para evitar que estas viviendas pasen al mercado libre y sigan alimentando la especulación y el encarecimiento de los precios». Desde los años 60 del siglo pasado, más de 6 millones de viviendas protegidas han perdido su calificación en España, 2,7 millones de ellas desde los años 80.
«Control público, vivienda vacía y función social»
Para garantizar «un control efectivo» sobre la vivienda protegida, la federación propone «reforzar los mecanismos públicos de inspección y control, así como instrumentos como el tanteo y retracto por parte de las administraciones o entidades sin ánimo de lucro acreditadas, con dotaciones presupuestarias suficientes».
Asimismo, la FRAVM considera «imprescindible penalizar la vivienda vacía y facilitar su incorporación al uso habitacional mediante medidas fiscales o incluso el alquiler forzoso, en línea con las experiencias europeas». En la Comunidad de Madrid hay 187.858 viviendas vacías, de las cuales se estima que más de 97.000 se concentran en la capital, «a pesar de que el acceso a la vivienda continúa siendo inalcanzable para amplias capas de la población».
Otra de las prioridades de la federación es «proteger el destino residencial de las viviendas protegidas frente a usos especulativos, como el alquiler turístico, y evitar el encarecimiento artificial de los precios finales a través de prácticas como el incremento excesivo del coste de anejos vinculados (garajes, trasteros)».
«Criterios sociales y sostenibilidad ambiental»
La FRAVM subraya que la futura regulación «debe atender la diversidad de situaciones personales y sociales, dando prioridad a colectivos especialmente vulnerables: jóvenes en proceso de emancipación, personas mayores, familias con bajos ingresos, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión residencial».
Además, plantea «integrar la sostenibilidad ambiental en el diseño de la vivienda protegida, exigiendo estándares de eficiencia energética y planificación urbana sostenible». “La sostenibilidad ambiental y la asequibilidad de la vivienda son dos caras de la misma moneda, ya que el coste energético impacta directamente en la economía de los hogares más vulnerables”, afirma la FRAVM.
«Revisión del marco normativo y nuevas definiciones»
La federación propone, igualmente, armonizar el lenguaje jurídico y técnico para evitar confusiones entre términos como “vivienda protegida”, “social” o “asequible”. Defiende la adopción del concepto de “vivienda adecuada”, tal y como lo define el derecho internacional, que implica no solo disponer de un techo, sino también condiciones de seguridad, dignidad y acceso a servicios básicos.
Por último, la FRAVM pide que el futuro reglamento se acompañe de modificaciones legales y presupuestarias que permitan dotar de eficacia real a las medidas, incluyendo la Ley del Suelo, la normativa presupuestaria y la planificación urbanística. La federación considera que la Comunidad de Madrid «tiene ante sí una oportunidad histórica para reorientar su política de vivienda hacia un modelo que garantice verdaderamente el derecho a un hogar digno para todas las personas».
