El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) ha instado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a realizar una investigación interna y cesar, en su caso, a la actual titular de la Subdirección General de Agentes de Movilidad por lo que considera un “inaceptable comportamiento”.
Virgina Torres Lirola, actual subdirectora de Agentes de Movilidad, según se ha informado en las últimas horas, funcionaria de carrera con años de trayectoria en el área, fue sancionada en febrero de 2018 por estacionar un vehículo familiar en una zona regulada, justo en la puerta del Área de Movilidad, utilizando la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) de su madre, que había fallecido un año antes, abonó la multa y se le retiró la tarjeta.
En ese momento era asesora de Movilidad, y en marzo de 2021 fue ascendida a subdirectora del área encargada precisamente de supervisar a los agentes que gestionan, entre otras cosas, infracciones como la suya, cuatro años después continúa en su puesto. Para CERMI Madrid es necesario concienciar en el buen uso de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida, así como el correcto uso de las tarjetas que el Ayuntamiento de Madrid concede a esas personas para aparcar en la ciudad.
Asimismo, «son esenciales las denuncias de la ciudadanía y de las entidades de personas con discapacidad y sus familias sobre posibles vulneraciones de derechos por incumplimientos legales en materia de accesibilidad». Según la entidad, “los poderes públicos deben promover con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad, y esta persona, en el caso de ser así, no puede continuar en el puesto que le da la responsabilidad de velar por el buen uso de estas tarjetas, sería algo intolerable”.
Desde CERMI Comunidad de Madrid se quiere poner el punto de atención en «la responsabilidad, ya que como parece que ha ocurrido en este caso, muchas veces son los propios familiares quienes utilizan las plazas y las tarjetas en sus desplazamientos cotidianos, perjudicando a otras personas que necesitan esas plazas y que en numerosas ocasiones se encuentran con que están ocupadas por vehículos no autorizados».
