El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de hoy, tres acuerdos por tramitación de emergencia con 2,7 millones de euros para atender a 182 menores inmigrantes no acompañados (‘menas’) durante este año. Estos contratos permitirán gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y 70 en centros privados.
La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a más de 10.600 menores, de ellos 2.442 en 2024 y 1.028 en el primer trimestre de este año. Esta situación ha provocado que los recursos se encuentren saturados con una sobreocupación actual del 132%.
Con motivo de la decisión del Gobierno central de trasladar de forma obligatoria a menores desde Canarias, principalmente a Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto ley estatal que establece este reparto forzoso, al infringir varios preceptos de la Carta Magna e invadir competencias exclusivas autonómicas.
En el caso de que el reparto obligatorio se imponga, el Gobierno madrileño ampliará el Centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, y ya está estudiando la apertura de nuevos recursos en otras localidades.
Al mismo tiempo, y conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar de cuatro menores con graves dificultades de adaptación para salvaguardar su protección.
La Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración. Esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas.
