Los Jueces de Instrucción de Madrid, reunidos en junta este jueves 3 de abril, han emitido un comunicado recogido por GACETÍN MADRID mostrado su «rotundo rechazo a la voluntad del Ministerio de Justicia de transformar por medio del Real decreto ley tres juzgados de instrucción en juzgados de violencia sobre la mujer, tal y como aparece en el borrador del Real decreto que ha circulado en los medios de comunicación en los últimos días».
«A pesar de la insuficiencia de medios personales y materiales y gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los que desempeñamos nuestra función en los juzgados de instrucción de Madrid, cada día se presta un servicio de calidad a los ciudadanos, tanto en cada uno de los diez juzgados de guardia, como en el despacho ordinario de asuntos, y lo hacemos en un tiempo razonable de respuesta. Suprimir tres juzgados de instrucción sólo perjudicará a las víctimas de delitos y a quienes son investigados en las diferentes causas penales, alargando los tiempos de instrucción, en muchas ocasiones en procedimientos de especial complejidad, que deben ser considerados a efectos estadísticos más allá del dato que representa el número de asuntos registrados», exponen en su comunicación.
La asunción de nuevas competencias por los juzgados de violencia sobre la mujer que se producirá a partir del próximo 3 de octubre «incrementará la carga de trabajo de estos juzgados especializados, lo que hará precisa la creación de plazas de juez de violencia sobre la mujer, en el número que sea necesario, para que desde estos juzgados queda dar la atención debida a las mujeres víctimas de violencia sexual, de trata y de violencia de género, pero ello no puede hacerse, en modo alguno, en detrimento de los derechos de las víctimas y de quienes aparecen como investigados de otros delitos de los que van a seguir conociendo los juzgados de instrucción».
«Lo que no resulta admisible, de ningún modo, es que para dar solución a la nueva atribución de competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer y tratar de paliar el incremento en la carga de trabajo de estos órganos especializados, se perjudique la buena marcha de los juzgados de instrucción; no es asumible que los juzgados que ahora funcionan bien, empiecen a funcionar mal», añaden los magistrados.
La eficiencia del servicio público de Justicia «que, según se afirma por el legislador, es el objetivo de la LO1/2025, no puede causar el efecto contrario al pretendido y, perjudicar, en definitiva, el funcionamiento ordinario de todos los órganos jurisdiccionales, también el de aquellos que a día de la fecha presentan unos resultados aceptables en términos de eficiencia. Se trata de mejorar aquellos órganos judiciales que a día de hoy padezcan deficiencias y hacerlo sin perjudicar y estropear lo que hasta ahora funciona».
