La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) da un nuevo paso en su lucha por frenar la expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), una pelea que inició hace ocho largos años. Coincidiendo con la entrada en vigor, el jueves, 3 de abril, de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la organización pone en marcha la red Stop Viviendas de Uso Turístico (VUT) que, entre otras cosas, se encargará de informar a las comunidades de vecinos sobre el alcance de esta modificación.
Formada por personas voluntarias de los colectivos de la FRAVM, la red estará compuesta por dos tipos de espacios: oficinas y puntos de información. Las primeras ofrecerán atenciones presenciales en un horario y un espacio conocidos, además de soporte telefónico y por email, mientras que los segundos realizarán atenciones telefónicas y derivarán a las oficinas o la FRAVM las dudas que no puedan resolver.
La red arranca con tres oficinas de ámbito distrital, Arganzuela, Centro y Chamberí, y en los próximos días la FRAVM espera hacer público el mapa con estos dispositivos y los puntos de información. Lo hará en el sitio web fravm.org/oficina-vut , una página que también da cuenta de las novedades legislativas, recomendaciones para enfrentarse a los pisos turísticos ilegales, modelos de escritos a la Administración y otros documentos útiles.
Campaña informativa
La red Stop VUT se encargará de llevar a los barrios y municipios una campaña que la Federación Vecinal inicia mañana con el fin de difundir las novedades legislativas para que las comunidades de vecinos «puedan defenderse mejor del avance de estos negocios que, además de incrementar el precio de la vivienda y reducir la oferta residencial, generan problemas de convivencia y seguridad». En este marco, ha elaborado un vídeo y diverso material gráfico con los pasos que puede dar una comunidad para impedir que se abra en su edificio un piso turístico. Puedes ver estos elementos en el siguiente enlace: https://nube.fravm.org/s/Gsejnx6Pmd6mNjt
En virtud de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que entra en vigor este jueves, todo un éxito del movimiento vecinal y de la FRAVM, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de “las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”.
En julio del año pasado, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte la FRAVM, trasladó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una propuesta elaborada por la federación madrileña que incluía que para abrir una VUT fuera necesario el 75% del voto afirmativo de los propietarios. Aunque el Gobierno ha aprobado un porcentaje menor, la FRAVM considera «todo un éxito» el nuevo requisito de la LPH.
Otra novedad «positiva» que entra en vigor el próximo jueves es que la presidencia de la comunidad de vecinos podrá requerir “la inmediata cesación” de la actividad, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes”, a aquellos pisos turísticos que carezcan de la autorización de la comunidad. Como el cambio normativo no tiene un carácter retroactivo, esto no afecta a las VUT que ya funcionan de manera legal, que podrán seguir haciéndolo con las características y plazos con las que fueron legalizadas. En la capital, las VUT legales apenas llegan al 7%, 1.131 pisos frente a más de 15.000 VUT ilegales.
La modificación de la LPH también incluye que la comunidad podrá (con el 60% de las cuotas de los comuneros) aprobar “cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice” una actividad de piso turístico, “siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %”. Una de las quejas habituales de las comunidades tiene que ver con el uso intensivo de espacios y servicios comunes como ascensores, escaleras o portales por parte de los clientes de los pisos turísticos.
Tras el cambio de la LPH, la FRAVM exige el cumplimiento de la ley y, por tanto, que las administraciones municipales y la autonómica «incorporen en sus procedimientos el requisito del acuerdo de la comunidad de vecinos para legalizar una Vivienda de Uso Turístico, como obliga la norma estatal».
