El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido la convocatoria urgente del Consejo Rector de la Agencia de Actividades de forma extraordinaria ante el envío que ha hecho el Gobierno de España del listado de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operan ilegalmente en la ciudad
Según señala el responsable del PSOE municipal en materia de Urbanismo, Antonio Giraldo, solicitan esta convocatoria urgente para averiguar “qué intenciones tiene el Gobierno municipal”. Subraya el concejal socialista que “la Agencia de Actividades es la única competente para clausurar las VUT ilegales”, así que “esperamos la convocatoria lo antes posible y que el Alcalde y el Delegado de Urbanismo den explicaciones de qué van a hacer ahora”.
Más de 15.000 pisos turísticos sin licencia en Madrid
El pasado 24 de marzo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 entregó un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detallaba información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo en relación con la publicidad de viviendas de uso turístico en la capital.
Según los datos detectados por el Ministerio en la ciudad de Madrid hay 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias que el Ayuntamiento de Madrid declaró haber concedido para este tipo de viviendas en el diagnóstico de la Modificación Puntual del PGOUM para la regulación de este tipo de alojamientos actualmente en tramitación. El cruce de estos datos indica que existen 15.204 VUT comercializadas sin disponer de las preceptivas licencias de actividad y funcionamiento.
Consumo ha detallado las direcciones exactas, URLs de anuncios en plataformas de alquiler de pisos turísticos, segmentados para poder detallar el número de registro o la ausencia del mismo, la información sobre el anfitrión, el tipo de alojamiento y estancia que se ofrece e información que permite identificar a los propietarios o gestores de los alojamientos para que el Ayuntamiento de Madrid pueda poner en marcha las acciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad en la materia, incluida la de defensa y protección de los consumidores.
