La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado el envío de un requerimiento al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para que «actúe y aplique» el Reglamento del Parlamento Europeo relativo a un mercado único de servicios digitales y la Ordenanza de Consumo de la ciudad «para acabar con los pisos turísticos ilegales en la ciudad».
La líder de la oposición requiere a Almeida, según el documento al que ha tenido acceso GACETÍN MADRID, que según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales y en el artículo 23 de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, «ordene a los operadores que comercializan y promocionan en canales de oferta turística o cualquier otro modo de Viviendas de Uso Turístico sin identificar o disponer de las preceptivas licencias municipales de actividad y funcionamiento, la suspensión temporal de la prestación de dichos servicios en su ámbito territorial para garantizar la seguridad de los consumidores».
El pasado 24 de marzo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 entregó un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detallaba información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo en relación con la publicidad de viviendas de uso turístico en la capital.
Según los datos detectados por el Ministerio en la ciudad de Madrid hay 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias que el Ayuntamiento de Madrid declaró haber concedido para este tipo de viviendas en el diagnóstico de la Modificación Puntual del PGOUM para la regulación de este tipo de alojamientos actualmente en tramitación. El cruce de estos datos indica que existen 15.204 VUT comercializadas sin disponer de las preceptivas licencias de actividad y funcionamiento.
Consumo ha detallado las direcciones exactas, URLs de anuncios en plataformas de alquiler de pisos turísticos, segmentados para poder detallar el número de registro o la ausencia del mismo, la información sobre el anfitrión, el tipo de alojamiento y estancia que se ofrece e información que permite identificar a los propietarios o gestores de los alojamientos para que el Ayuntamiento de Madrid pueda poner en marcha las acciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad en la materia, incluida la de defensa y protección de los consumidores.
