El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano dependiente del Consejo de Europa, ha publicado este miércoles su decisión sobre la reclamación colectiva contra España por los cortes del suministro eléctrico en Cañada Real (Madrid) (RC 206/2022).
Como ya adelantó el pasado mes de septiembre el propio Comité, la decisión concluye que España está vulnerando la Carta Social Europea revisada, vinculante para nuestro país desde 2021, al tolerar que miles de personas vivan en este barrio de Madrid sin acceso a energía eléctrica para calentarse en invierno o refrescarse en invierno, conservar alimentos frescos y medicinas, o iluminar la habitación por la noche.
El Comité ha encontrado vulneraciones de hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea, que detallamos en un anexo para mayor claridad. Desde la entrada en vigor del mecanismo de reclamaciones colectivas, hace más de 25 años, el Comité ha dictado 181 decisiones y, sólo en una ocasión, ha encontrado un número mayor de vulneraciones por parte de un Estado.
Contexto: una reclamación colectiva interpuesta hace tres años
La decisión del Comité tiene su origen en la reclamación colectiva que el 2 de marzo de 2022 presentaron contra España las organizaciones Defence for Children International (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionalesm, que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. La demanda fue fruto del trabajo conjunto de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, CAES y Gentium.
En la demanda, las entidades reclamantes denunciaron las graves consecuencias de los cortes de electricidad en los sectores 5 y 6 del barrio de Cañada Real de Madrid desde el 2 de octubre de 2020. Estos cortes afectan a 4.500 residentes aproximadamente, incluidos alrededor de 1.800 niños y niñas. En octubre de 2022, el Comité admitió la demanda de las organizaciones, señaló los riesgos para la vida y la integridad física y moral que los cortes de electricidad suponían para las vecinas y vecinos, y exigió al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento de la luz y la calefacción, con objeto de evitar “daños graves e irreparables”, medidas que las diferentes Administraciones Públicas no han cumplido (párrafo 52 de la decisión).
El 25 de septiembre de 2024, el Comité anunció la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. En dicha decisión, da la razón a las demandantes y considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en el barrio de Cañada Real, en particular de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
A lo largo de su extensa redacción, el Comité se apoya en los informes publicados por el Defensor del Pueblo y por diversas instituciones y organizaciones, como el servicio madrileño SERMAS, la Universidad Carlos III, y el Centro Sira de Derechos Humanos, así como en documentación aportada por asociaciones vecinales de Cañada Real, entidades sociales del tercer sector presentes en el barrio, y vecinos a título individual.
La decisión del Comité, «que desde hoy se conoce en toda su extensión, es un paso decisivo, pero no suficiente, para lograr el pleno reconocimiento de los derechos de las personas que habitan en Cañada Real», subrayan los promotores de la reclamación colectiva. El plan de realojos ofrecido por las Administraciones Públicas «es insuficiente e inadecuado para cumplir las obligaciones de cada una de las Administraciones Públicas con competencia en la zona».
«Solo aquellas orientadas al restablecimiento inmediato y regular del suministro eléctrico serán suficientes para acabar con esta vulneración múltiple de los derechos humanos, básicos de las personas afectadas que, como apunta el Comité, ya lleva demasiado tiempo ocurriendo». concluyen.
