FACUA Madrid se ha dirigido por escrito a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para poner de manifiesto la «difícil situación» que tienen los servicios de inspección de estas dos administraciones públicas.
En el caso del consistorio madrileño, la asociación ha vuelto a recordar la «precariedad del personal inspector» en las 21 Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs). Del total de 32 plazas con las que cuenta este organismo, 7 se encuentran actualmente vacantes.
En los distritos de Fuencarral-El Pardo, Usera, San Blas-Canillejas, Barajas, Villa de Vallecas y Tetuán se da la situación de la inexistencia de dichos puestos, «implicando una ausencia total de control en la actividad de las empresas en dichas zonas», según aparece reflejado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
FACUA Madrid ha puesto de relevancia en su escrito la disminución de las inspecciones realizadas con respecto al año anterior. En 2023 se realizaron un total de 8.338 inspecciones relacionadas con temas de consumo, mientras que en 2024 han sido únicamente 7.421 (un 12% menos).
Por ello, la asociación ha recordado que esta actividad «es esencial para garantizar la protección de los consumidores en cuanto a detectar posibles fraudes o incumplimiento». Por ello, insta al gobierno de José Luis Martínez-Almeida a «dotar de manera urgente de medios personales y materiales a estos mecanismos de protección que tiene la ciudadanía».
Además, ha solicitado la unificación de criterios en el procedimiento sancionador, del tal manera que en todos los distritos sea el mismo. Según ha podido saber FACUA Madrid «no siempre es así, por lo que por los mismos hechos ciertas empresas pueden ser sancionadas o no, dependiendo del distrito en el que se encuentren ubicadas».
Ausencia de inspección en la Comunidad
Los servicios de inspección de la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid «atraviesan una situación todavía peor». Consultada la relación de puestos de trabajo se observa que, de las 25 plazas existentes, 7 se encuentra vacantes. Todo ello en una región con más de 6 millones de habitantes.
A su vez, aunque el organismo publica las campañas que ha realizado sobre distintos productos, «es imposible encontrar datos adicionales que permitan evidenciar en qué zonas y de qué manera se está llevando a cabo la inspección, yendo en contra de la transparencia que le es exigible a la Administración».
En ese sentido, FACUA Madrid ha vuelto a insistir en que «la difusión y la publicación de la resoluciones de las empresas que han sido sancionadas es esencial para garantizar que los consumidores tomen decisiones informadas antes de decidir contratar con ellas».
