La Plataforma Hábitat 24, conformada por colectivos que convocaron la exitosa manifestación del pasado 13 de octubre, llaman a una nueva movilización por la «completa inacción de la Comunidad de Madrid ante el problema de la vivienda y la insuficiente reacción del resto de administraciones». El 9 de febrero impulsan una marcha que a las 12:00 horas saldrá de Atocha y finalizará en la Puerta del Sol de Madrid.
Los portavoces del Movimiento Hábitat24 comunicaron a través de una rueda de prensa celebrada en el Ateneo La Maliciosa de Ecologistas en Acción que, «debido a la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante el problema de la vivienda y las insuficientes medidas planteadas por el resto de administraciones», convocan nuevas movilizaciones que incluyen una jornada de reivindicación y debate el próximo día 25 de enero y que culminarán con una manifestación el día 9 de febrero desde Atocha a Sol.
Durante la exposición que realizaron los portavoces del movimiento, Enrique Villalobos (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Laura Barrio (Asamblea de Vivienda de Usera/PAH) y Mariano Pérez (Ecologistas en Acción), resaltaron que, «ante una situación de emergencia habitacional como la que sufre la ciudadanía en la Comunidad de Madrid, la respuesta de la Administración regional ha sido inexistente cuando no contraproducente».
Indicaron así mismo que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid «está siendo un completo fracaso y que, desde luego, no es el remedio a unos precios de los alquileres completamente desorbitados que están empobreciendo a una parte importante de la clase trabajadora, causando incluso problemas a muchas familias para hacer frente al pago de los suministros básicos y propiciando, además, que únicamente un porcentaje muy reducido de nuestros jóvenes, el 15,9 %, pueda emanciparse».
A juicio de los colectivos que integran el movimiento, «es necesario abordar medidas de choque que posibiliten la disminución del precio de la vivienda, particularmente la que se encuentra en régimen de alquiler». Para posibilitar este descenso, «entienden como imprescindible incrementar de una manera drástica el parque de vivienda público, incorporando al mismo las viviendas en poder de la SAREB, los pisos turísticos que no están legalizados, así como las viviendas vacías existentes en la Comunidad, mediante una compensación adecuada y reglada a sus propietarios. Además, señalan, estas medidas deberían ser adoptadas durante el primer semestre de este año».
Por otra parte, también indicaron que «es necesario que las medidas que se adopten a medio y largo plazo deben contemplar la creación de un parque público de vivienda, no enajenable, que se convierta en un actor fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. Vivienda digna en cuanto a espacio, entorno, estado o dimensiones de la misma y sostenible tanto social como medioambientalmente».
Finalmente, los portavoces denunciaron «la absoluta vulneración de derechos de distintos colectivos sociales como los vecinos de Cañada Real o los afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares así como la de todas aquellas personas que han venido y vienen sufriendo desahucios, jóvenes sin posibilidad de emanciparse y tener un proyecto de vida o ciudadanos y ciudadanas que fruto de la precariedad son forzados a vivir en condiciones de hacinamiento, insalubridad o falta de privacidad».
«Hay que resaltar que la lamentable situación de estos colectivos se ve incluso más agudizada tras el rechazo en el Congreso, debido a los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts, del decreto que prorrogaba muchas de las medidas del escudo social, reducía los precios del transporte público y garantizaba la actualización del importe de las pensiones. La perversa actitud de estos partidos es indudable que pone aún en mayor riesgo a las personas vulnerables a la vez que representa una agresión a todas las clases populares», concluyen.
