Avalmadrid, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), ha firmado un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, con el objetivo de reforzar el apoyo financiero a los Centros Especiales de Empleo de la región, entidades clave en la integración laboral de personas con discapacidad.
Este convenio permitirá a los Centros Especiales de Empleo acceder a líneas de financiación en condiciones ventajosas, contribuyendo así al mantenimiento y crecimiento de estas entidades. Además, Avalmadrid ofrecerá condiciones especiales en sus comisiones, con reducciones de hasta el 50% respecto a sus tarifas estándar, fijándose que la comisión de estudio podría llegar hasta el mínimo de un 0,3% y la comisión anual del aval hasta el mínimo del 1%, en función de la situación económica del centro especial de empleo y su viabilidad.
Por su parte, la Dirección General del Servicio Público de Empleo se compromete a establecer canales de comunicación fluidos para garantizar el acceso a estas oportunidades.
A través de esta colaboración, Avalmadrid y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid reafirman su compromiso con la integración laboral de las personas con discapacidad, apoyando la sostenibilidad financiera y la competitividad de los Centros Especiales de Empleo, a la vez que refuerzan su papel como impulsores de una economía más inclusiva.
Para el director general de Avalmadrid, Lorenzo Alonso, “este convenio refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial inclusivo de la Comunidad de Madrid. Los Centros Especiales de Empleo desempeñan una labor fundamental en la integración de personas con discapacidad, y desde Avalmadrid queremos facilitarles el acceso a recursos financieros que les permitan crecer y ser competitivos. Además, con este acuerdo demostramos, una vez más, que la colaboración entre entidades públicas y privadas puede generar un impacto positivo en la ciudadanía.»
El convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable por períodos de igual duración, contempla la creación de una Comisión de Seguimiento encargada de supervisar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
