La Comunidad de Madrid ha incorporado a su Buscador 360 y en menos de un año 60 millones de documentos judiciales y más de 500.000 vídeos transcritos. Esta herramienta permite a los magistrados, jueces y letrados consultar toda la información de expedientes de manera ágil y sencilla para localizar datos relevantes y explorar fácilmente grabaciones de actos procesales.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado que “estas mejoras tecnológicas en el ámbito de la Justicia están diseñadas para beneficiar directamente a los profesionales y ciudadanos”. En concreto, ha explicado, “los juzgados de la región han consultado y gestionado sólo en octubre más de 600 expedientes con el Buscador 360”.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado “el compromiso del Gobierno regional para dotar de todos los recursos humanos y materiales necesarios dentro de nuestras competencias con el fin de garantizar una Justicia más cercana, ágil y moderna”.
El proyecto Justicia Digital, en el que está incluido el Buscador 360, cuenta con un presupuesto superior a los 52 millones de euros entre 2024 y 2026 para cumplir tres objetivos: lograr la meta de papel 0, equipar tecnológicamente todas las sedes y puestos de trabajo e interconectar las infraestructuras con el resto de las administraciones, incluido los hospitales que ya está activo en el 30% de ellos, y con los juzgados de otras comunidades autónomas.
Esta iniciativa del Ejecutivo autonómico se ha puesto en marcha para digitalizar todos los trámites judiciales de la región con el objetivo de que el próximo año funcione de manera electrónica al 100%.
Además, se prevé que este mes estén operativos el acceso al expediente judicial para profesionales, el reconocimiento de voz para jueces, magistrados y fiscales y la automatización de procesos que no requieran toma de decisión, con la consiguiente simplificación administrativa.
UNA JUSTICIA DIGITALIZADA
La Justicia madrileña tiene ya un nivel de madurez tecnológica del sistema superior al 90% y con la digitalización avanzada y la automatización de procesos se reducirá aún más, los tiempos en los trámites judiciales al menos en un 20%, lo que redundará en un servicio más ágil y simple, de cara a los ciudadanos, facilitando las gestiones y acortando plazos administrativos, y se mejorará la seguridad al reducir el uso de papel y documentos físicos.
Los ciudadanos también pueden presentar telemáticamente escritos, informes y expedientes, otorgamiento de poderes judiciales, notificaciones, pruebas documentales y acceder a la agenda de señalamientos y al Expediente Judicial Electrónico, sin desplazamientos ni esperas.
El Expediente Judicial Electrónico se utiliza en todos los órdenes jurisdiccionales -social, civil y contencioso administrativo- para que jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan tramitar integralmente los expedientes por vía electrónica.
Con las mejoras que se están implantando ya será posible en este 2025 que también puedan acceder a él abogados, procuradores, graduados sociales, asociaciones personadas en las causas y ciudadanos, ya que hasta ahora estos colectivos solo pueden pedir que se les traslade información, pero no disponer de la información en tiempo real.
Teniendo en cuenta que se gestionan aproximadamente 2,7 millones de escritos y 8 millones de notificaciones telemáticas, solo la presentación informatizada de documentos y el uso de los avisos digitales ahorrarán alrededor de 50.000 horas diarias en desplazamientos a abogados, procuradores y ciudadanos.
Se estima que se podrán eliminar alrededor de 7,2 millones de archivos y documentos en papel al año. Se completará la digitalización del Archivo Territorial, lo que reducirá notablemente el papel acumulado y liberará espacio en los edificios públicos.
Justicia Digital es una iniciativa conjunta entre las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Pública y la de Digitalización, y su principal objetivo es actualizar y adaptar la Administración de Justicia madrileña y permitir un funcionamiento más cercano, ágil, transparente y accesible para ciudadanos, profesionales del sector y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.
