La Comunidad de Madrid ha superado la cifra de las 2.000 viviendas de alquiler a precio asequible entregadas en 2024 gracias al programa Plan Vive tras la adjudicación, hoy, en Getafe, de 180 nuevos pisos, ubicados en la calle Bella Dorotea del municipio.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la promoción junto a sus inquilinos donde ha recordado que esta ciudad ha sido la más beneficiada por este proyecto del Gobierno regional de colaboración público-privada “porque aquí hemos construido un total de 864 hogares de los que 492 ya están habitados y el resto se encuentran en fase de comercialización”.
La urbanización entregada hoy cuenta con 116 inmuebles de un dormitorio y 64 de dos, todos con garaje y trastero, y amplias zonas comunes con piscina, parque infantil de juegos, gimnasio, coworking y servicio de conserjería y limpieza. Por ellos, sus nuevos adjudicatarios pagarán una renta que oscila entre los 453 y los 583 euros, hasta un 40% menos que el actual valor de mercado.
Rodrigo también ha destacado que “el sistema de construcción industrializada ha permitido reducir los tiempos y ha hecho posible que 492 familias de esta ciudad del sur de la región ya puedan tener su hogar a su disposición. Estamos convencidos de que el Plan Vive es un modelo de gestión público-privada que funciona y así lo demuestran las 2.040 llaves que hemos entregado en los municipios de Getafe, Alcalá de Henares, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos”.
Asimismo, el consejero ha asegurado que este proyecto es una iniciativa del Ejecutivo autonómico diseñada para incrementar la oferta de vivienda en la Comunidad de Madrid con 10.500 nuevos inmuebles en la presente legislatura, de los que 2.000 serán exclusivamente para jóvenes.
El principal requisito para optar a estas casas es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que desempeñen su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
