El pasado 21 de noviembre la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid comunicó de manera oficial, y con un plazo de diez días para responder, la rescisión de dicho convenio el próximo 31 de diciembre a 14 entidades de la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Madrid).
Esta medida final «no corresponde con las conversaciones mantenidas en los últimos meses en reuniones particulares de nuestras entidades con la EMVS, en las que se trasladó un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los recursos». Además, de manera preventiva EAPN Madrid había solicitado una entrevista con la empresa municipal y el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, «para aclarar la situación de manera colectiva, que nunca se mantuvo».
«Actualmente nuestras entidades disponen de 82 viviendas que acogen a 260 personas en situación de extrema vulnerabilidad que se quedarían sin alojamiento y sin alternativa habitacional alguna. A estas cifras habría que sumarle los datos de las otras 13 entidades del convenio», exponen.
«Reiteramos las graves consecuencias que tendrá esta medida para cientos de personas que residen en estas viviendas: mujeres con menores de edad con enfermedades graves; mujeres víctimas de violencia machista, personas sin hogar, jóvenes en exclusión social, personas LGTBIQA+ entre otros», añaden.
Ante esta situación desde EAPN Madrid «queremos insistir en la necesidad de prolongar este convenio que nos permite atender a estas personas ante la evidente falta de alternativas y en una situación crítica del mercado de la vivienda en Madrid. Para nuestras entidades este convenio es de vital importancia ya que da respuesta a una situación de emergencia».
Por parte de la EMVS aseguran que algunas de las entidades «han incumplido ciertas cláusulas del convenio, cuando la realidad es que los fallos en el convenio son los siguientes: la falta de coordinación entre el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y la EMVS, la falta de acompañamiento y seguimiento por parte de la administración de los proyectos, sin seguir los criterios que se establecen en el convenio y la situación crítica de la vivienda de Madrid».
Desde EAPN Madrid «solicitamos que no se rescinda el convenio, que se reconsidere el planteamiento del mismo, y que se elaboren los contratos directamente desde la EMVS y las entidades sociales». Dicho convenio, comenzó en el año 2012, en la legislatura de la ex alcaldesa Ana Botella (PP), como una de sus medidas estrella para paliar los efectos de la crisis a personas en situación de vulnerabilidad; y se ha ido renovando de manera continuada.
