FACUA se ha dirigido tanto a la Consejería de Educación como a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid para solicitarles que «de manera inmediata» adopten medidas encaminadas a «solucionar la problemática existente en colegios de enseñanza concertada, que obligan a los alumnos a tener que abonar una cuota de arrendamiento de los equipos digitales», por entender que puede ser contrario a la normativa que lo regula.
La asociación ha tenido conocimiento de las denuncias presentadas por multitud de familias puesto que, al parecer, «bajo el argumento de una mejora para la educación, algunos colegios concertados de la Comunidad están implantando entre el alumnado el uso de equipos digitales de un modelo concreto, con licencias de software e incluso un seguro, teniendo los padres que abonar una cuota mensual por ello».
«A pesar de las protestas, hasta el momento no parece que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya tomado medidas al respecto». Por ello, FACUA Madrid ha recordado en su petición que la exigencia del pago «podría suponer una trasgresión de la Ley de Educación, vulnerándose el principio de gratuidad de la enseñanza, así como un quebrantamiento de los principios de voluntariedad, no discriminación y ausencia de carácter lucrativo recogidos en la propia normativa».
Así, la asociación ha señalado que, «atendiendo a lo establecido en la instrucción de la Resolución de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas del Estado por la que se dictan instrucciones sobre actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares complementarios, de aplicación en los centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, como es el caso de los colegios concertados, podría entenderse que el arrendamiento de estos equipos, licencias y seguros que conllevan no deberían de encuadrarse dentro de la condición de servicios escolares complementarios como ocurre con los libros de texto o los uniformes».
FACUA Madrid también ha recordado que, en el propio discurso del Estado de la Región, Díaz Ayuso reivindicó “la esencia de la escuela tradicional“, señalando que el propio Gobierno regional «ha prohibido el uso del móvil en las aulas desde hace varios cursos».
Por tanto, «parece cuanto menos chocante que ante estas argumentaciones, la Consejería de Educación no tome las medidas correctoras para evitar estas situaciones que pueden incluso suponer una posible discriminación de los alumnos cuyas familias no puedan hacer frente a la cuota impuesta, ha alertado la asociación».
