El pasado 22 de octubre, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) registró un documento de alegaciones y observaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y se regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración, que busca poner coto a este tipo de establecimientos.
Entre las propuestas, destaca la creación de un régimen sancionador y la obligación de trasladar los datos de actividad mensualmente a la Agencia Tributaria. «Llama la atención -subrayan- que la propuesta gubernamental no incluya en su texto una tabla de sanciones, ya que sin ellas dudamos mucho de la efectividad de la nueva norma».
Más allá de este hecho, la Federación Vecinal, en sintonía con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte, propone la obligatoriedad de incluir el nuevo número de registro del alojamiento de corta duración “en cualquier forma de publicidad”, no solo en las plataformas en línea. Además, «debería estar prohibida cualquier tipo de publicidad de unidades sin registro».
Otra de las alegaciones importantes tiene que ver con la obligatoriedad de “cumplir y documentar debidamente con los permisos correspondientes a todos los organismos autonómicos y locales”, para «evitar que suceda lo que actualmente ocurre» en la Comunidad de Madrid, donde los promotores de una Vivienda de Uso Turístico (VUT) «solo necesitan para abrirla presentar una Declaración Responsable en la que aseguran que cumplen toda la normativa exigible».
«Todo el mundo sabe que en la inmensa mayoría de los casos los propietarios no cumplen la normativa, ya que, al menos en el caso de Madrid, carecen de la preceptiva licencia municipal. Si con el nuevo Real Decreto esto no cambia, corremos el riesgo de otorgar el nuevo número de registro a VUT ilegales», exponen.
Por otra parte, “el Registro de la Propiedad debería disponer en cada caso de la relación de los permisos que son preceptivos”, defiende la FRAVM. Por último, las asociaciones vecinales reclaman que los promotores de los alojamientos de corta duración deban trasladar a la Agencia Tributaria con una regularidad mensual “datos relativos a cada unidad y, en particular, los referidos a actividad y números de registro obtenidos, el municipio donde está situada la unidad, y el número máximo de personas arrendatarias que se pueden alojar en esta”.
La FRAVM ha presentado su documento de alegaciones «en el marco de su lucha contra el descontrol y abusos de las VUT, que en muchos lugares están generando graves problemas de convivencia y un aumento desorbitado de los precios del alquiler y venta de viviendas».
